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Las estadísticas no lo explican todo, pero arrojan elementos preocupantes. Nada menos que 2,8 millones de personas trabajan en España a tiempo parcial, un 16% más que al inicio de la crisis, en un periodo en que se ha pasado de 18,1 millones a 15,1 millones de personas ocupadas. La Comisión Europea ha alertado a España tanto de que sigue teniendo un nivel de desempleo muy alto, como de que el trabajo que se crea tiene un porcentaje excesivamente alto de temporalidad y de tiempo parcial. Unos indicadores que señalan que el empleo que se crea es de baja calidad.

Lo que no nos dicen las estadísticas es cuánta de la gente que dice trabajar un número reducido de horas se encuentra realmente en esa situación o realiza muchas más sin remunerar o mediante el cobro de horas extras o trabajo en negro. Es decir, tienen un contrato fraudulento. Se hace difícil tener datos exhaustivos sobre estas prácticas que vulneran la ley, pero una campaña lanzada por el Gobierno balear el verano pasado, con un esfuerzo especial de inspectores de Hacienda, afloró un fraude de un 25% en este tipo de contratos en el sector de la hostelería. Una buena muestra de que esta práctica de “explotación laboral”, como la define el propio Ejecutivo autonómico, está muy extendida.