El Ministerio de Fomento ha empezado a reconocer lo evidente: en breve deberá hacerse cargo de las nueve concesiones de las denominadas autopistas radiales de Madrid. Se trata de empresas en quiebra por la mala cabeza de quienes las diseñaron y de quienes las dieron en concesión.
Como tantas otras cosas pensadas en el tiempo del boom económico, las previsiones con las que se proyectaron estas infraestructuras correspondían a un periodo de eterna bonanza económica. Ni el tráfico ni la evolución del crédito han respondido a aquellas expectativas. Y en virtud de la denominada «cláusula de responsabilidad patrimonial de administración», el Estado debe hacerse cargo de las deudas y recuperar la concesión.
El más mínimo sentido de la seguridad jurídica obliga a aceptar este hecho pero se deberían poner tres condiciones, como mínimo: en primer lugar, si pasan a ser propiedad del Estado estas autopistas deberían quedar libres de peajes; en segundo lugar, como en cualquier proceso de concurso de acreedores, el Estado debe reclamar una quita y evitar la triangulación de costes y de responsabilidades entre las concesionarias, las constructoras y los bancos acreedores de manera que el dinero de los contribuyentes no sirva para tapar la mala gestión de unos o de otros puesto que son los mismos; y, finalmente, el Congreso de los Diputados debe organizar una comisión de investigación para aclarar en qué circunstancias se pactaron estas cláusulas de seguridad en esta concesión y en otras como el caso del almacén de gas Castor situado frente a la costa de Vinaròs.
