La reforma del edificio de los antiguos juzgados en la plaza Borrull de Castelló va camino de convertirse en la historia de nunca acabar. Vaya por delante que desde el grupo municipal popular consideramos que este inmueble debe ponerse en valor, pero el coste que están anunciando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la alcaldesa, Amparo Marco, por cerca de 17 millones de euros, es absolutamente desproporcionado.
Castelló no necesita oficinas ni despachos. Faltan colegios, centros de salud, plazas de residencia de mayores, la ronda de circunvalación… Hay mil y un proyectos que podrían recibir esa costosísima inversión.
Sin embargo, esta semana hemos vuelto a asistir al mismo teatro de los últimos cuatro años. El anuncio del proyecto de gran reforma de Borrull. Se dijo a bombo y platillo que sería en 2019, y ahora se dice que será en 2022. Y ahora se anuncia que casi 17 millones de euros, cinco más de los inicialmente previstos.
Pero lo grave de todo es que, de los 17 millones, los castellonenses pagarán 12, es decir, dos terceras partes, a pesar de que el uso del inmueble, destinado a servicios sociales, será compartido. A pesar de los cuatro años de sequía inversora del Consell, Puig sigue condenando a que los vecinos de la capital de la Plana se endeuden para pagar los caprichos del PSOE, Compromís y Podemos.
Es hora de que socialistas, nacionalistas y populistas se pongan a trabajar. Y que se revise el modelo de financiación autonómica, para que Castellón reciba los 160 millones que le corresponden. El PSOE prometió modificarlo, pero seguimos esperando. Castelló y sus vecinos han de ser lo primero. Justo lo contrario de lo que está ocurriendo.
*Portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Castelló
