La corrupción es una lacra para la sociedad española, los datos del último CIS demuestran que tras los casos publicados en los medios, la corrupción es uno de los principales problemas para los españoles. No se nos olvide que la corrupción priva de inversiones a los ciudadanos en educación, sanidad, servicios sociales y ayudas a la dependencia, porque cuesta dinero al contribuyente.

Pero la Comunitat Valenciana ha sido especialmente azotada por esta oleada de corrupción del PP. Han sido investigados presidentes de la Generalitat, y en el caso de las diputaciones, ha sido un auténtico escándalo. Tres de tres. En Alicante el caso Brugal, en Valencia el caso Imelsa u operación Taula, cuyos tentáculos llegan hasta nuestra provincia. Y en Castellón, tras la condena a cuatro años de prisión del expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, que el pasado mes de abril abandonó la administración penitenciaria, esta semana tenemos que sufrir una vergüenza. El caso de Francisco Martínez, exalcalde popular de La Vall d’Alba y exvicepresidente de la Diputación de Castellón, para el que la Fiscalía pide una condena de once años de prisión y una multa de un millón por supuestos delitos relacionados con la corrupción durante casi medio siglo de mayoría absoluta.

La confianza de la sociedad en los representantes públicos pende de un hilo. Tras esta semana no sé si es peor el clientelismo, la corrupción política, la financiación irregular, las puertas giratorias, la especulación, las amnistías o la incompetencia de los asamblearios presentándose para gobernar un país con sólo el apoyo de separatistas y antiguos amigos de etarras.

Ciudadanos es el proyecto alternativo sin circos, ni fraude, ni corrupción, y sí con reformas sensatas para el conjunto de los españoles.

*Diputada de Ciudadanos en el Congreso por Castellón