Querido/a lector/a, un amigo me acusa de ignorar en este rincón el comportamiento deshonesto del rey Juan Carlos. Imputación que me ha hecho recordar que, por el motivo de la aprobación de la Constitución, ya tuvimos que optar entre república y monarquía. Además, ser en esos momentos militante del PCE me permitió ver como aquellos históricos dirigentes que sufrieron cárceles y exilios, sin renunciar a la república, no dudaron en afirmar (posiblemente por la adversa correlación de fuerzas) que si la monarquía colaboraba en beneficio del proceso democrático y aceptaba (como así fue) un papel de representación y no de gobierno, la admitían como forma de Estado. Incluso reconocían que aún siendo la república una forma más perfecta en la que el poder surge del pueblo y no de una herencia de sangre, tanto en la monarquía parlamentaria como en la república se puede subyugar o beneficiar al pueblo. Realidad que depende, en parte, del modelo económico, del gobierno y de las políticas que apruebe.

¿Ahora qué pasa? Que Juan Carlos no es rey y nuevos datos lo denuncian de presunto corrupto. Circunstancia que ‘podría permitir’ juzgarlo y señalar que nadie está por encima. No obstante, no sólo no es cuestión prioritaria, sino que, con un gobierno en minoría, la derecha que tenemos y el lío de Cataluña, lo que podríamos es montar un pitote para nada. Y digo para nada porque los letrados del Congreso dicen que no es posible juzgarlo. Así es que, independientemente de las decisiones del poder judicial, la sapiencia práctica de lo necesario y urgente parece que aconseja a la política no meterse (de momento) en trifulcas que dividen y tienen poca rentabilidad, acabar dignamente lo sanitario y abordar una reconstrucción que cuide bien común y justicia social.

*Analista político