La discriminación laboral y la brecha salarial de género suponen una evidente deficiencia de la sociedad española. La crisis económica solo ha hecho que agravar la cuestión. España es el sexto país de la UE con la mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres, según datos de Eurostat del pasado año, con una desigualdad de un 18,8%, casi tres puntos por encima de la media continental. Las mujeres, además, no solo cobran menos, sino que sus trabajos también son de escalas inferiores como demuestra, por ejemplo, su escasa presencia en los altos puestos directivos.

Para intentar paliar esta situación, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene entre manos un programa piloto que incluirá el llamado currículum ciego, o sea sin fotografía, sexo, nombre y apellidos, de alguien candidato a un puesto de trabajo. No es ninguna idea ingeniosa de la ministra Dolors Montserrat ni de su equipo, porque ya está en funcionamiento en Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Suecia y Finlandia. Es, por lo tanto, una buena primera barrera que, sin embargo, puede saltar por los aires en la entrevista que suele seguir a la presentación del currículo.

Nunca debería convertirse este proyecto piloto del currículum ciego en un intento de maquillaje, para cubrir el expediente, que no esté unido a medidas y normativas más determinantes. En ese sentido, el Gobierno de Zapatero, de incuestionable progresismo en políticas sociales, aprobó en el 2007 una ley de la igualdad que se ha quedado en el cajón de los olvidos. Sigue en vigor aunque no está acompañada, bajo el Gobierno conservador del PP, de la voluntad política que emana de ella. Porque resultan necesarios los planes de igualdad en las empresas para que, por ejemplo, ya no deba responderse a preguntas referentes a la maternidad en un proceso de selección de un trabajo. El objetivo ha de ser atacar cualquier brecha de género y otros tipos de discriminaciones laborales, como la raza o el lugar de origen, por ejemplo.