El debate político sigue embarrado entre acusaciones airadas y una judicialización de la gestión de la epidemia inédita en el actual contexto europeo -aunque en España los procedentes sobre cómo no abordar un problema real, planteándolo en cambio en forma de política querulante, no sean pocos-. Seguimos encallados en la distribución de culpas antes que en la necesaria aclaración de responsabilidades en el momento debido y la búsqueda de soluciones. Mientras, la sesión celebrada ayer en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados fue un ejemplo de los debates que sí deberían ocupar el espacio central del debate público. La comparecencia de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, fue precedida de una rueda de prensa conjunta de los sindicatos CCOO y UGT, que avanzaron las propuestas que plantearán la semana próxima cuando comparezcan ante esta misma instancia parlamentaria.

Las propuestas de las distintas partes que han de protagonizar el diálogo social no son necesariamente coincidentes. Y será mucho más difícil llegar a acuerdos que afronten, necesariamente, problemas estructurales de la economía española de lo que ha sido, por su dimensión o urgencia, alcanzar puntos de encuentro en materias como el salario mínimo, la compensación por el cese de actividad de autónomos o los ertes que han frenado el impacto del desempleo en este primer embate de la crisis. Pero todas comparten un espíritu constructivo que tanto se echó a faltar ayer en el eco, en forma de aplausos o reproches, que recibieron por parte de los interlocutores políticos en cuyas manos está la posibilidad de un mínimo consenso sobre las medidas para afrontar la mayor crisis económica en décadas.

Por un lado, mientras la patronal incide en la necesidad de facilitar la travesía del desierto a las empresas con moratorias fiscales, los sindicatos indican la oportunidad de aumentar la presión fiscal a las rentas más altas para afrontar el inmenso roto en las cuentas públicas. Los primeros reclaman un trato especial para reactivar rápidamente el sector turístico, una sexta parte del volumen de la actividad económica española, mientras que los sindicatos reclaman primar la búsqueda de modelos alternativos. Solo, y no es poco, dos grandes puntos de coincidencia. La necesidad de apostar por la reindustrialización, puesta en evidencia por los traumáticos casos de Nissan y Alcoa o la falta de suministro de elementos esenciales durante lo peor de la crisis sanitaria, y la necesidad de ampliar y extender hasta allá donde sea materialmente posible los diversos sistemas de protección del desempleo. Desde la duración de distintos subsidios especiales una vez superado el estado de alarma hasta el mecanismo de los ertes por el covid, que Trabajo quiere llevar al Consejo de Ministros del próximo 16 de junio aunque el acuerdo entre sindicatos y patronal aún no está cercano. Aquí será necesaria mucha flexibilidad (y un esfuerzo de gestión extremadamente complejo) para adaptar este instrumento que ha sido clave hasta ahora a las muy diversas condiciones en que cada sector económico está pudiendo afrontar, de forma plena, parcial o aún sin un horizonte claro, la vuelta a la actividad.

Los sindicatos señalaban ayer otra incógnita en el horizonte: la posibilidad de que el tercer trimestre este marcado por una caída salarial extensa por los ajustes necesarios para mantener la viabilidad empresarial pero que al tiempo puede dificultar que el consumo mantenga a flote la economía. Con todo, nada de lo que está encima de la mesa será posible mientras las reticencias de países como Holanda, reconocidos ayer por la ministra Nadia Calviño, hayan impedido de momento avances en el debate sobre el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros propuesto por la Comisión Europea. En las cumbres previstas para finales de junio y principios de julio estará todo en juego.