La denuncia a técnicos del Ayuntamiento de Burriana por los propietarios y promotores de Sant Gregori

Si se amenaza al Ayuntamiento, entiendo que se amenaza a la ciudadanía, me siento aludido y doy mi opinión. En fechas reciente, la citada asociación, mediante una denuncia se dice que los técnicos municipales podrían arruinar al ayuntamiento. Así que vuelvo a opinar sobre el tema.

Es legítimo, que las personas que invirtieron en terrenos de la urbanización, traten de rentabilizarlos. Las opiniones de los que quieren que se urbanice, como las que no quieren, merecen todas respeto. Confieso que a mí me preocupa que se inicie la urbanización, y luego se quede sin acabar, por falta de financiación. Pues los bancos no dan financiación para crear nuevo suelo urbano, porque saben que hay más de 20 MM de m2 sin vender. No me preocupa que se haga, sino que se quedara a mitad hacer, o la tuviera que acabar el Ayuntamiento con fondos de todos.

Eso me pasa porque el promotor no cuenta con el preceptivo estudio que acredite la existencia de una demanda social capaz de comprar las 6.800 viviendas que se quieren construir. Tampoco, tiene un estudio económico financiero que ofrezca garantías financieras para acabar el proyecto. Se trata de dos requisitos que exige la jurisprudencia. Si el proyecto, contara con esos dos requisitos, tendría mi confianza.

Por otra parte, algunas de las cosas dichas y hechas por la Asociación de Propietarios y el promotor, Sr. Lozano me produce vergüenza ajena. Los dos, que van de la mano, presumen de estar asesorados por los mejores despachos de abogados, pero comenten errores jurídicos de bulto. Ejemplo:

A) Ante la Fiscalía Anticorrupción, han presentado denuncia contra una técnica municipal “por un delito continuado de prevaricación, previsto y penado en el 404 del Código Penal”. Quien quiera estudiar el tema podrá comprobar, que según la jurisprudencia el citado artículo castiga “Dictar resoluciones”. Sin embargo, los técnicos municipales de urbanismo, no dictan resoluciones, su función es informar, y sus informes no son vinculantes. Por el contrario, la prevaricación que pueden cometer los técnicos de urbanismo, es una prevaricación especial regulada en el art. 320 del CP, por informar favorablemente a proyectos, pero en ningún caso, por informar desfavorablemente, como ha hecho la funcionaria acusada.B) Que yo sepa, el denunciante comunica a la administración de justicia o agentes de la autoridad, hechos que ha visto o escuchado que pueden tener relevancia penal. Como solo las personas físicas ven y escuchan, son la únicas que pueden denunciar. Sin embargo, la denuncia la ha presentado una procuradora en representación de la Asociación de Propietarios, que es persona jurídica que ni ve, ni oye, como si estuvieran en un proceso judicial tramitando una querella en el que los querellantes, no pueden hablar directamente, por lo que hablan por medio del procurador y son defendidos por abogado.

Según mi opinión, los hechos en los que se funda la denuncia, no tienen relevancia penal. Pues no se aporta una sola prueba que los acusados sean autores de hechos tipificados por el Código Penal. Quien diga lo contrario, que cite la parte de la denuncia que lo prueba. Por otra parte, la denuncia falta a la verdad cuando dice que se desconoce las extrañas razones por la cuales una funcionaria a emitido informes contrarios a los intereses del urbanizador. Quien quiera, puede comprobar como la funcionaria con profesionalidad y trasparencia, ha motivado, con amplios informes jurídicos, citando normas y jurisprudencia la distintas pegas que ha señalado al proyecto.

Buenos y malos profesionales los hay en todas las profesiones. Los buenos se distinguen, por la amplia argumentación de sus decisiones y soportar deportivamente las discrepancias. A los malos, no les gusta confortar sus opiniones, y reaccionan amenazando a quienes no comparten sus opiniones o respetan sus intereses. Por suerte, hoy son una excepción los promotores que amenazan partir la cara y quemar el coche a quienes se oponen a sus intereses empresariales. Hoy se evita la voz de quienes discrepan de un proyecto. Eso se consigue no acudiendo a ningún foro donde puede haber una voz cualificada que se oponga al proyecto y acudiendo a entrevistas donde se puede decir lo que se quiera, porque no hay nadie que pueda contrarrestar lo dicho. Y si ello, no es suficiente para acallar las críticas, entonces se lanzan amenazas de denuncias, demandas y querellas, como en los últimos tiempos ha recibido el equipo de gobierno y funcionarios de Burriana, del entorno de los propietarios y los promotores.

Además, el Sr. Lozano se permite acusar a una funcionaria, de generar perjuicios económicos y amenazarla, que le va a reclamar responsabilidades económicas, en los medios de comunicación, para que indemnice los supuestos perjuicios, sin aportar prueba alguna de la que se derive dicha responsabilidad, ni las normas y jurisprudencia aplicable. El día que archiven la denuncia espero que tengan la honestidad de pedir perdón con la misma publicidad que han hecho de las acusaciones.

Incluso el citado el Sr. Lozano dice cosas que no son ciertas, y que por el puesto que ocupa, debería saber de memoria. Decir, como ha dicho, que las deudas urbanísticas no prescriben, y no tener claro que las anotaciones preventivas, en el Registro de la Propiedad, como que las parcelas quedan afectas al pago de la cuota de urbanización, caducan a los 7 años, automáticamente, y que no se pueden inscribir de nuevo, salvo nuevas deudas por modificación del proyecto o retasación, es suficiente grave como para quedar descalificado profesionalmente para estar al frente de este proyecto.

Yo no considero, que se corra el riesgo que el urbanizador cobre la cuota cero y se fugue con el dinero. Pero sí, que hay riesgo, que en el momento que el urbanizador encuentre un inversor que le ofrezca una cantidad que les permita recuperar el dinero invertido más una cantidad que les compense el tiempo invertido, cederá la condición de agente urbanizador, y será el nuevo, el que corra el riesgo de no acabar la urbanización. Sinceramente no me creo que el actual urbanizador piensa acabar la urbanización.

El Sr. Lozano tiene de deber de dar transparencia al proyecto. Primero, porque en el ámbito del urbanismo, hay acción publica. Eso quiere decir que todos sus datos deben ser públicos. Segundo, porque la mejor manera de eliminar la desconfianza de las personas que la puedan tener, y dar confianza a los inversores potenciales, es dar publicidad de forma clara a todos los datos. Entre otros, aclarar:

1º) ¿Por qué en la “Memoria” del Nuevo Proyecto, pendiente de aprobar se dice “la Modificación del proyecto de urbanización,”, y en la misma Memoria, se dice “Como obras adicionales al proyecto de urbanización se proyectan las siguientes: 1º) Encauzamiento del Río Seco. 2º) Construcción de puente sobre el Encauzamiento del Río Seco. 3º) Construcción de potabilizadora. 4º) Impulsión de Aguas Residuales y Reutilización para Riego de la E.D.A.R de Burriana. 5º) Recuperación del Frente Litoral de la Urbanización Golf San Gregori. 6º) Construcción de Paseo Marítimo. 7º) Carretera de conexión de la urbanización con la CV-18. Sin embargo, ahora ustedes dicen, que no se trata de una modificación de Proyecto, sino de adaptación a las nuevas técnicas?2º) Cualquiera que conozca las “condiciones particulares de la Cédula de Urbanización”, de 28.04.2004, sabe que se establece: “Antes del comienzo de las obras (acta de comprobación del replanteo) deberán aportarse los convenios formulados con las compañías suministradoras (Iberdrola, Telefónica, Facsa, Cegas, etc.)”. Sin embargo, ustedes han dado por iniciadas las obras sin que dichos convenios consten hechos.

Podría seguir, pero me limito a preguntar ¿podrían aclarar y explicar esto, por el bien del Proyecto? ¿Aceptarían contestar, en un acto público, las preguntas que les pueda formular una persona conocedora del urbanismo?