La histórica Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno de Zapatero supuso un auténtico hito en la política social. Esta ley atribuyó a las autonomías la competencia para determinar cómo realizar las valoraciones y dejó a los ayuntamientos un papel de «participación» a decidir por parte de las autonomías. Un papel que ha venido ampliándose y ha supuesto un mayor incremento de nuestras responsabilidades, sin que ello haya ido acompañado de más fondos.
Así, el decreto 62/2017 de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas atribuyó a los servicios municipales la valoración de la situación de dependencia, e instrucciones y decisiones posteriores de este departamento han continuado ampliando tareas antes desempeñadas por este organismo autonómico. A medida que se nos ha ido transfiriendo más carga, esta corporación se ha visto obligada a contratar a un mayor número de profesionales.
El consistorio contrató en 2017 a cinco trabajadoras sociales. En 2018 se incorporó una trabajadora social más y otras cuatro en 2019. Ese año, la Ley 3/2019 de servicios sociales inclusivos de la Comunitat reconoció como competencias municipales propias, entre otras, la gestión de los servicios de dependencia.
En el Ayuntamiento de Castelló defendemos este nuevo modelo de servicios sociales inclusivos, pero debe ir acompañado de una correcta financiación para ayuntamientos que, como Castelló, están haciendo un esfuerzo considerable. O, al menos, que esto fuera compensado con una mayor agilidad de la conselleria para resolver los expedientes. En todo caso, los ayuntamientos debemos estar en el centro del debate de la nueva financiación autonómica.
*Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castelló
