La nueva legislatura que arrancará tras el 28-A abre la puerta a que España cuente con su primera ley de eutanasia.

La despenalización de la eutanasia vuelve a saltar a la escena política. El debate se reabrió con el suicidio asistido de María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, en fase terminal, que, en numerosas ocasiones, había expresado su deseo de morir y ejercer su derecho a acabar su vida de forma digna.

Finalmente, su marido Ángel Hernández ayudó María José a poner fin al sufrimiento causado por esta enfermedad degenerativa para la que en la actualidad no existe cura, suministrándole una sustancia letal. Ángel fue posteriormente detenido.

En España, el Código Penal castiga con penas de dos a diez años de prisión la inducción al suicidio o la cooperación con el suicidio de otras personas (art. 143). La autorización del enfermo rebaja esta condena.

La suerte de Ángel Hernández habría sido distinta de haberse aprobado a tiempo la primera ley de eutanasia que estaba tramitando el Congreso de los Diputados. Un proyecto del PSOE contaba con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP. El portavoz del PP declaró: «Ese debate no existe».

La iniciativa al final se quedó en papel mojado debido a la disolución de las Cortes, consecuencia tras producirse el adelanto electoral.

El PSOE propone que la eutanasia, en casos justificados, sea costeada por el Gobierno. Pedro Sánchez propuso en mayo de 2018, menos de un mes antes de llegar a La Moncloa, que la eutanasia fuera considerada un derecho y que se convirtiera en una prestación sanitaria pública.

El presidente del Gobierno ya avanzó la pasada semana que si gobierna nuevamente, la regulará para que «la muerte sea tan digna como la vida». Esta es la propuesta.

*Secretaría Área de Políticas Sociales y LGTBI PSPV-PSOE Castellón