Todos los que nos dedicamos a esto del urbanismo sabemos que uno de los temas más peliagudos con los que les toca torear a los alcaldes y concejales de Urbanismo es la construcción ilegal de casas en suelo no urbanizable. Durante muchos años la Administración ha hecho caso omiso a esta situación y ha mirado para otro lado, a no ser que un vecino airado denuncie la infracción cometida. Y, por ello, tenemos el problema que tenemos hoy: edificaciones que deben ser derribadas porque el juzgado así lo ordena, y construcciones para las que ya ha prescrito cualquier posibilidad de que los ayuntamientos puedan obligar a su derribo.
La Administración debe plantearse si sigue mirando hacia otro lado o empieza a derribar casas a diestro y siniestro. Usted, como yo, sabemos que, aparte de aquellos que los juzgados ya han declarado en sentencia firme la obligación de proceder a su derribo, no se va a derribar ni una.
Por lo tanto, la Conselleria debería empezar a regular procedimientos para que se evite el impacto ambiental que, evidentemente, producen todas estas casas ilegales. Y tampoco es justo que estas edificaciones no hayan contribuido a las obligaciones urbanísticas que la ley impone a las construcciones legales edificadas en suelo urbanizado. Habrá que solucionar este problema. H
*Abogado. Urbanista
