Un pacto con la fiscalía ha obligado finalmente al exconseller catalán Macià Alavedra a reconocer que cobró comisiones ilegales en, al menos, dos promociones inmobiliarias. Con todo descaro explicó ante el tribunal que le juzga por el caso Pretoria que lo hizo porque después de 15 años como conseller de Jordi Pujol «conocía a todo el mundo». Ello le permitió cambiar voluntades para favorecer a los contratistas. Las palabras de Alavedra dejan en evidencia a uno de sus compañeros en el banquillo, el exsecretario general de Presidència de la Generalitat de Cataluña Lluís Prenafeta que no ha alcanzado pacto alguno con la fiscalía. Pero también dejan en evidencia a los gobiernos de los que formó parte, siempre a las órdenes de Pujol. No porque los delitos ahora confesados se hicieran desde la Administración sino porque el mecanismo reconocido revela una determinada manera de entender los negocios, la política y la Administración pública, en este caso la Generalitat. Un patrón que desgraciadamente se repite una y otra vez en torno al propio Pujol y lo que fue la antigua Convergència i Unió: Alavedra, Prenafeta, los hijos de Pujol, Millet y Osàcar en el caso Palau, el caso ITV o las investigaciones de la trama del 3% que se desarrollan en los juzgados de El Vendrell.

La lentitud de la justicia y la aceleración de la vida política convierten hoy la confesión de Alavedra en un hecho extemporáneo pero no por ello menos grave y revelador de una determinada manera de hacer política que desgraciadamente no estamos seguros de que se haya erradicado definitivamente.