El mes de octubre acostumbra cada año a arrojar datos negativos sobre la salud del mercado laboral en España. Las cifras que se acaban de conocer ahora confirman esa regla: el paro ha subido en cerca de 57.000 personas empujando el número de parados hasta casi los 3,5 millones. Una economía como la española basada en una gran temporalidad de los contratos encaja mal el fin de los meses estivales y la consiguiente destrucción de miles de empleos ligados al sector turístico. Solo en dos autonomías, en el País Vasco y en la Comunitat Valenciana (1.858 parados menos, 775 de ellos en Castellón, lo que supone un descenso del 0,47% respecto a septiembre), se redujo el desempleo el mes pasado, mientras que las otras 15 registraron índices negativos.

La novedad de la última entrega estadística es que Cataluña encabeza la lista de negra de aumento del paro registrado, con 14.698 personas más mientras que solo ha creado 1.702 empleos inscritos en la Seguridad Social (frente a los más de 39.000 de Madrid y los 36.500 de Andalucía). No son necesarias grandes dotes de analista para relacionar estas negativas cifras del mercado de trabajo catalán con las inseguridades que genera el proceso independentista. El Gobierno no ha tardado en hacerlo, porque le asisten estos datos estadísticos: si no hay confianza en el presente y futuro inmediato se frenan inversiones y contrataciones, huyen empresas y caen el consumo y el empleo. Pero antes que desatar alarmismos, los números negativos del empleo deben ser asumidos con prudencia. Solo si se consolidan estaríamos ante una pésima noticia.