La «prudencia, cautela y seguridad» se ha impuesto a las tensiones para acelerar el calendario de desescalada de las medidas establecidas para frenar el covid-19. A partir de este lunes, el 70% de la población española estará en la fase 1 y solo cuatro islas habrán avanzado a la fase 2, que significa una cierta aproximación a la normalidad. El 30% de los ciudadanos, incluyendo toda la región de Madrid y la región metropolitana de Barcelona seguirán en una fase cero. Aunque sea aliviada, mejorada o bautizada como 0,5, es aún la fase cero, como insistió el ministro de Sanidad, Salvador Illa; el volumen de casos y la falta de un dispositivo que permita detectar las nuevas infecciones rápidamente y aislarles para evitar el rebrote (cuya disponibilidad marcó en gran parte la diferencia entre las comunidades que han capeado con más éxito lo peor de la crisis y las que no) no permiten relajarse y exigen seguir actuando, a administraciones y ciudadanos, con la máxima responsabilidad. El estudio de seroprevalencia anunciado esta semana ha confirmado que solo se había detectado el 10% de los casos reales, y que hemos superado los 27.000 fallecimientos con solo un 5% de la población en contacto con el virus: un argumento más para la cautela ante las consecuencias de un hipotético rebrote.

Aunque en su comparecencia tras la ronda de contactos con las comunidades autónomas tanto el ministro Illa como el doctor Fernando Simón quisieron destacar la interlocución fluida (matizando en el caso de Madrid que este diálogo constructivo se está produciendo con los técnicos sanitarios de la comunidad), en el caso del Gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso esta apreciación se debe más a un necesario esfuerzo por no aumentar la tensión que a la realidad. Si pese a periódicas salidas de tono los pasos de la desescalada parecen que están haciendo realidad los principios de la cogobernanza y la colaboración responsable en el caso de la Conselleria de Salut de Cataluña, este no es el caso de Madrid. Y las presiones mediáticas y en la calle no parece que vayan a ceder a tenor del discurso progresivamente radicalizado del Partido Popular. La gestión del aterrizaje del confinamiento verá sin duda nuevas tensiones. En este panorama, es evidente que dentro de la vigencia del estado de alarma (y quizá sin él) tienen cabida las actitudes de flexibilidad y concertación como las mantenidas con la mayor parte de las comunidades, pero el mantenimiento de esta situación excepcional es lo único que está frenando derivas como las de Ayuso. Algo que sería difícil de entender que no se tuviese en cuenta, ante la próxima petición de renovar el estado de alarma, en la posición de los partidos que no quieran acompañar en su ruta a Vox y el PP.

Si la principal novedad de la fase 0 modificada en que quedan Barcelona y Madrid son las medidas de alivio para el sector comercial, estas aún no llegan, ni en forma paliativa, al sector de la restauración. Este necesita tanto que Cataluña esté en condiciones de garantizar que sus áreas en fase 0 puedan pasar lo más pronto posible a la fase 1 como poder aprovechar este paso adelante a pesar de sus limitaciones.

Si la desescalada sanitaria ha de seguir las pautas de prudencia marcadas pero esperando que el progreso pueda acelerarse, con la misma prudencia la reconstrucción de la actividad turística no debe quedarse a la zaga de las propuestas de reactivación segura y coordinada de la movilidad que plantea la Unión Europea.