El PP amenaza estos días con llevar a los tribunales la comisión de la caja B de su partido, al tiempo que negaba por activa y por pasiva la connivencia entre la justicia y la política por el caso Moix, aduciendo que España no era Venezuela. Y tanto que no lo es, pero tampoco es oro todo lo que reluce. Querer llevar a los juzgados una comisión aprobada por la mayoría parlamentaria y que figura en un pacto de investidura que ellos mismos firmaron es en primer lugar, una desfachatez infantil y más propia de un partido acostumbrado a pasar de la corrupción que a pisarla. Y en segundo lugar, es una clara muestra de la debilidad que sufre la separación de poderes en nuestro país. Es decir, como no estoy de acuerdo con tu opinión en lugar de defenderme ante el espacio que me ha otorgado la soberanía, me enfado y acudo a los tribunales. Y en tercer lugar, demuestra la poca voluntad de tomar cartas en el asunto y dejar de manchar las instituciones.
Según el último CIS, la preocupación de los españoles por la corrupción aumenta, solo superado por el desempleo. Por tanto, ni autocomplacencia económica ni mirar hacia otro lado con los corruptos.
Mientras tanto en Cs nos preguntamos ¿de qué tiene miedo el PP? ¿A qué se deben esos nervios? ¿Tienen algo que esconder? Parece que poco queda por descubrir en un partido imputado, con una sede pagada con dinero negro y que ganaban elecciones presuntamente dopados hasta las cejas. Pero, déjenme que les diga que algo queda, ¿saben qué es? Como diría Fernández Maíllo, queda destapar las vergüenzas y que España conozca el modus operandi de un partido que presume de gestión y que, al final, va a resultar que no sabe gestionar ni su propia casa. Si tuvieran que gestionar un desierto lo dejarían sin arena.
*Diputada nacional de Cs por la provincia de Castellón
