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La despoblación, una asignatura que nadie aprueba

 

El informe de proyección de población 2018-2033 elaborado por la Generalitat y publicado por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE) deja un panorama poco alentador para las comarcas del interior y, por tanto, para la provincia de Castellón en su conjunto. El envejecimiento de la población y el éxodo rural se acentúan para convertirse en un problema de primer orden. Tanto es así que dentro de quince años, en el 2033, la provincia tendrá una cifra de habitantes similar a la actual, pero con un mayor peso de los mayores de 65 años --que serán nada menos que uno de cada cuatro-- y menos ciudadanos extranjeros, solo el 14%.

Precisamente este fin de semana, el Consell pone su mirada en nuestra provincia. La habitual reunión de los viernes tendrá como escenario Burriana, mientas que sábado y domingo todos los miembros del gobierno autonómico convivirán más de 48 horas en Montanejos para marcarse unos objetivos a desarrollar en los primeros seis meses de la legislatura recién estrenada.

A buen seguro, el president Ximo Puig insistirá en la despoblación como un eje prioritario del Botànic II. El diagnóstico es acertado, pero solo hace falta repasar la hemeroteca para comprobar que no se avanza al ritmo deseado. En enero del 2018, con motivo del seminario de invierno que el ejecutivo valenciano celebró en Vinaròs y Benicarló, Puig compareció para anunciar una agenda para dar respuesta a los problemas básicos que afectan al mundo rural y que se dan con especial virulencia en el interior de Castellón. Año y medio después, la sensación es que estamos casi en el mismo punto de partida.

Algo falla y las distintas administraciones tienen la obligación de sentarse para establecer un plan de acción conjunto, cada una en la medida de sus posibilidades, porque de lo contrario muchos pueblos están en serio peligro de desaparecer antes de que acabe este siglo. Un panorama que sería imperdonable. Gobierno central, Generalitat, Diputación y ayuntamientos no pueden perder más tiempo en promesas incumplidas. El informe de población 2018-2033 ratifica el importante desequilibrio entre las comarcas del interior y la costa, que de no remediarse con políticas efectivas, irá a más.

Urge ese pacto de Estado en materia de despoblación. Un plan de choque con financiación realista. Los municipios que pierden población están condicionados por las deficientes comunicaciones y la ausencia de una mínima industrialización. Solucionarlo es clave. Como también lo es potenciar el empleo de calidad en el sector agroalimentario y reforzar el transporte en las zonas rurales.

Los expertos, con acierto, también recomiendan impulsar la economía del interior con una fiscalidad propia. Reducir el IRPF para residentes y el Impuesto de Sociedades para empresas o bonificaciones en cuotas o la luz a los trabajadores autónomos de estas zonas. Incentivar actividades agrícolas, ganaderas, forestales y cinegéticas, pesca fluvial, patrimonio y turismo rural, y naturaleza. Potenciar la construcción con nuevas viviendas y un plan de rehabilitación. También la implantación de la banda ancha que permita el teletrabajo... Farmacias, bancos, cajeros, consultorios y comercios. O sea, todo por hacer.