Como era de esperar, la reunión de hora y media entre Pedro Sánchez y Pablo Casado acabó sin acuerdo alguno y con la misma distancia, o más, que antes de celebrarse el encuentro, después de dos meses de incomunicación absoluta entre ambos dirigentes. Casado acudió a la Moncloa con un llamado Compromiso por España consistente en reclamar a Sánchez que enmiende la política que ha puesto en marcha desde que tomó posesión como presidente del Gobierno: renuncias a la mesa de diálogo sobre Cataluña; a modificar el delito de sedición en el Código Penal; a nombrar a Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado; a subir los impuestos, y a modificar la reforma laboral. Una propuesta que no merece este nombre.

Obviamente, la negativa de Sánchez fue total, lo que dio pie a la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, a explicar el rechazo con duras acusaciones a Casado de usar las instituciones como «rehenes» y de persistir en la «estrategia de bloqueo» de organismos como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, RTVE y el Defensor del Pueblo, para cuya renovación es imprescindible un acuerdo con el PP. El desacuerdo es tan profundo que la portavoz desmintió incluso que hubiera habido algún acercamiento en los puntos en los que, según Casado, era posible un pacto: pensiones y educación. Es decir, que no hubo acuerdo ni en el desacuerdo.

En unos momentos en que ERC insta a que la primera reunión de la mesa de diálogo sobre Cataluña se celebre ya la próxima semana, hay que celebrar la firmeza de Sánchez en mantener los compromisos adquiridos con los republicanos, sin considerar las propuestas del PP en este tema, que se reducen a urgir la tipificación penal de los referéndums, a combatir el supuesto adoctrinamiento en las escuelas y a impedir la propaganda en los medios públicos. El Partido Popular presenta toda su batería de exigencias inaceptables para Sánchez a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado, verdadera preocupación de Casado, ya que reconoció que si el presidente del Gobierno saca adelante las cuentas públicas con sus aliados podrá gobernar al menos tres años.

Ante la tesitura del PP entre radicalismo o moderación, entre acercamiento a Vox o retorno al centro, la entrevista en la Moncloa es la prueba de que, al menos por el momento, se impone la postura más dura. Pero la continuidad de esta política dependerá de las elecciones del 5 de abril, en especial las de Galicia, donde el principal opositor al acercamiento a Vox, Alberto Núñez Feijóo, se juega la mayoría absoluta. Tanto si Feijóo la mantiene como si no, Casado acusará las consecuencias. Si la conserva, el moderantismo de Feijóo saldrá reforzado y, si la pierde, todo el Partido Popular se encontrará en una situación delicada tras la pérdida de una plaza fuerte.

Las elecciones del 5 de abril pueden, pues, influir en el actual bloqueo y facilitar el progreso de las negociaciones sobre Cataluña y que la renovación de los órganos institucionales pueda llevarse a cabo. Ambas cuestiones son de una necesidad ineludible.