Los familiares de los 43 muertos y 47 heridos del accidente del metro de Valencia -el 3 de julio del 2006- han tenido que esperar diez años para que su admirable, incansable y casi solitaria búsqueda de la verdad tuviera recompensa y se desmontara la trama urdida para manipular los hechos por el Gobierno del PP, que presidía Francisco Camps. Un amplio informe, avalado por los grupos parlamentarios excepto el PP, presentó el viernes nuevas revelaciones contra la gestión de la empresa pública del metro -por falta de seguridad e inversiones- y el maltrato que sufrieron las víctimas. Algo en lo que Canal 9 fue instrumento amplificador de la versión oficial. La lista de responsables incluye a Camps y a Cotino, entonces consejero de su máxima confianza.

No se trata de un accidente “imprevisible” e “inevitable”, y del que el maquinista fallecido era responsable, como concluyó una primera comisión, apoyada únicamente por el PP.

Pero si el cambio político, con la presidencia del socialista Ximo Puig, ha servido para aliviar a las víctimas, no va el caso a igual velocidad en el terreno judicial. La magistrada Nieves Molina, la misma que ordenó el desguace del vagón siniestrado, sigue renunciando a pedir nuevas pruebas periciales o a llamar a más testigos a declarar.