El camino hacia el referéndum que el Gobierno catalán asegura que se celebrará el 1 de octubre ha sufrido una nueva traba al declararse desierto el concurso de la Generalitat para comprar las urnas. La razón oficial es que las dos empresas que optaban al contrato no reunían la solvencia exigida -el volumen de facturación en concreto— para cumplir el encargo. El representante de una de ellas, sin embargo, aduce que no presentaron toda la documentación necesaria porque observaron falta de garantías en el concurso, relativas a plazos de entrega y forma de pago. Este empresario alerta asimismo de lo apurado de los plazos para fabricar las 8.000 urnas al faltar solo tres meses para la consulta.
Ambas explicaciones, que pueden ser complementarias, ilustran de las dificultades con que se encuentra la organización de un referéndum unilateral y no pactado con el Gobierno. De todas formas, no deja de ser extraño que el Govern sea tan estricto con el concurso de las urnas cuando los dirigentes están dispuestos a incumplir la Constitución y la legalidad para llevar a cabo la consulta. Pero el verdadero problema del referéndum es la falta de garantías para que sea reconocido internacionalmente. Entre las exigencias figuran el censo legal y la existencia de una junta electoral que Cataluña no tiene por la inexistencia de una ley electoral propia. A falta de que el próximo 4 de julio el Govern explique los detalles de la organización, el referéndum sigue adoleciendo de cobertura legal. El respeto a la ley es condición necesaria para no romper la convivencia, como resaltó Felipe VI en su discurso de ayer miércoles en las Cortes trufado de alusiones a Cataluña. «Fuera de la ley, nos enseña la historia, solo hay arbitrariedad, imposición, inseguridad y, en último extremo, la negación misma de la libertad», manifestó el Rey, quien también llamó a «encauzar los antagonismos y resolver los desacuerdos y las diferencias mediante el diálogo, mediante el debate».
