El nacimiento de la Constitución fue un momento de consenso histórico que marcaría un antes y un después. Desgraciadamente, este ejemplo nunca se ha replicado en uno de los pilares de nuestro Estado de bienestar como es la educación.

Durante los últimos 40 años los estudiantes y docentes se han tenido que adaptar a 8 reformas educativas, es decir, a 8 vaivenes dependiendo de quién tomase el timón del Estado. Y cuando por fin Cs logra trabajar por un Pacto Educativo, viene el PSOE y lo dinamita para contentar a sus socios. La educación como moneda de cambio, como otro peaje que el sanchismo debe a populistas y nacionalistas. Así, la ministra crea una nueva ley a espaldas de la comunidad educativa. Un modelo sindicalizado, fragmentado, destructor del mérito y la capacidad y que no apuesta por la calidad.

Esta nueva legislación es un flashback del 2006, de la LOE. La educación del sanchismo atenta contra la autonomía de los centros con la creación de los comisarios, elimina la regulación estatal del uso de la lengua cooficial otorgando más poder a los nacionalistas en la supervisión de los contenidos y dificultando la labor de la alta inspección en la denuncia del adoctrinamiento. No apuesta por el esfuerzo al permitir la obtención del Bachillerato con un suspenso, cosa que Celaá, califica de «gran favor para el alumno». Inaudito. También se elimina el criterio de demanda social en la elección del centro para perjudicar a la concertada. Pese a todo, desde Cs insistiremos en el pacto porque las personas somos lo que la educación hace de nosotros. Para tener una educación de calidad que ayude al desarrollo personal y profesional, el Gobierno debe pensar que necesita a la sociedad, plantearse si quiere hacerlo y saber cómo hacerlo.

*Diputada autonómica y portavoz provincial de Ciudadanos