Pocas dudas había sobre la limitada capacidad de México para oponerse a las reglas fijadas por Estados Unidos para gestionar y contener los flujos migratorios con origen en América Central. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha visto obligado a claudicar, presionado por las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones si no corta el paso a la inmigración y requerido por los empresarios mexicanos que tienen su primera fuente de ingresos en las ventas a Estados Unidos. El dispositivo para controlar la frontera con Guatemala es solo una primera medida para dificultar el tránsito desde este país, El Salvador y Honduras hasta la frontera del río Grande. La pretensión de la Casa Blanca es, en definitiva, que México se comprometa además a censar y devolver a sus lugares de origen a los inmigrantes sin papeles aprehendidos en su suelo. Si la exigencia no se cumple, seguramente activará de nuevo la amenaza de penalizar las exportaciones de forma progresiva, desde un inicial 5% hasta un máximo del 25%.

Las negociaciones para que los designios de Trump se hagan realidad son, en definitiva, una pantalla para que México pase por el aro. Su economía no puede prescindir de su primer cliente y este, en cambio, está en condiciones de causarle gran perjuicio y aun de obligarle a aumentar sus compras en el sector agroalimentario de EEUU. Una verdadera distorsión del libre comercio y de la economía global a la que Trump ha puesto la proa.