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Opinión

 

Editoriales

Educación: ¿guarderías o ‘mejor en casa’?

 

03/04/2017

El debate sobre cómo y dónde debe desarrollarse la educación de los niños en su más temprana infancia, la etapa que va desde el nacimiento hasta los 3 años de vida, viene de lejos y no parece anunciar un final próximo si nos atenemos a la diversidad de opiniones que sigue suscitando. ¿Ha de ser el entorno familiar el que se encargue de la crianza a esa corta edad o los niños deben incorporarse ya a las guarderías del sistema educativo para iniciar su formación? Para unos, las familias son las primeras responsables de cuidar y educar a sus hijos en la pequeña infancia y reclaman que las administraciones deberían garantizar la permanencia de los pequeños junto a sus familiares más tiempo alargando incluso las bajas de maternidad/paternidad. La masificación de las escuelas infantiles ayuda a los defensores del mejor en casa, para quienes los parvularios no ofrecen los estímulos emocionales que sí encuentran los menores en el ambiente familiar.

Frente a esa tendencia, que no deja de ganar adeptos, se encuentran las asociaciones de padres y docentes que defienden la incorporación al sistema educativo del niño a su más temprana edad para que aprendan, de la mano de personal especializado, las bases que marcarán su desarrollo educativo y social posterior. De forma repetida los informes PISA de evaluación de los sistemas educativos vienen insistiendo en la importancia que tiene la enseñanza infantil en el primer ciclo de vida y recuerdan los mejores resultados académicos que obtienen aquellos alumnos que han acudido a centros escolares en sus primeros años de vida.

En el fondo del debate quizá no se trata tanto de diferenciar entre guarderías o crianza en casa --que pueden ser perfectamente compatibles-- como de garantizar la calidad de la relación que el niño pueda establecer con las personas que se encargan de su cuidado. Las familias, sobre todo según sea su capacidad económica, podrán seguir eligiendo entre las dos opciones, pero la Administración educativa está obligada a que su oferta en ese ciclo formativo sea completa y de calidad para asegurar derechos e igualdad de oportunidades. Y para ello es imprescindible incluir la educación infantil en el sistema público, dotarla de los presupuestos necesarios y, sobre todo, no desviarlos después hacia la enseñanza de carácter privado.