En plena campaña electoral, los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al primer trimestre del año, proporciona munición a todos los partidos. Sube el paro (50.000 parados más) y baja la ocupación (100.000 ocupados menos), algo normal en un primer trimestre, y más este año, en que la Semana Santa cayó en abril, aunque en el caso de la provincia de Castellón y en el conjunto de la Comunitat Valenciana se han generado puestos de trabajo durante estos tres meses, lo cual satisface al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien destacó que el desempleo baja «casi a la mitad» esta legislatura que ahora acaba.

La creación de empleo a largo plazo en España se mantiene y alcanza niveles no vistos desde el 2007, lo cual indica que el mercado laboral resiste a la desaceleración de la economía. Los datos asimismo indican que la tasa de paro es del 14,7%, pero que el número de ocupados, 19,5 millones, es el mayor en 11 años. Datos agridulces que permiten al Gobierno expresar su satisfacción porque «no hay claro signo de desaceleración en la creación de empleo», en palabras de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que expresó su la confianza de que la tasa de paro a finales de año ronde el 14%, muy lejos del 26% que hubo en lo más crudo de la crisis pero aún demasiado elevada.

Los datos de la EPA son una radiografía del complejo momento económico en un momento en que los partidos enarbolan en campaña sus propuestas en materia económica. En este terreno las propuestas de los bloques de derechas y de izquierdas también están muy marcadas, acorde con un momento político tan polarizado. El PP y Ciudadanos hacen bandera de la rebaja de impuestos, con especial hincapié por parte del partido de Albert Rivera en los autónomos, mientras que el PSOE apuesta por limar los aspectos más controvertidos de la reforma laboral y Podemos apuesta por incrementar el IRPF de las rentas más altas.

Gane quien gane, se encontrará con enormes retos que no suelen tratarse en profundidad. La situación, como muestra la EPA, es muy compleja. El tono bronco impide un debate económico sereno que debería centrarse de forma prioritaria en: reducir la galopante desigualdad; impedir que la desaceleración frene la frágil recuperación tras la gran crisis; robustecer un mercado laboral caracterizado por la precariedad, la temporalidad y los bajos salarios; y pactar una forma de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. En un contexto global lleno de incertidumbres y con el papel de Europa muy cuestionado, son temas de calado y de vital importancia que por desgracia suelen quedar sepultados entre el ruido y la furia.