El pasado martes el grupo popular de la Diputación instó al gobierno de la institución provincial a posicionarse en defensa de los intereses del sector turístico de Castellón, que representa más del 12% del PIB de nuestra economía.
La cuestión de la tasa turística parece perseguirnos a los valencianos cada vez que los partidos de la izquierda adanista --Podemos y Compromís-- tocan moqueta.
Aunque el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, dijo el pasado viernes que el asunto de la tasa turística «no está sobre la mesa», no es menos cierto que quienes han vuelto a poner la dichosa tasa «sobre la mesa», haciéndola protagonista de la vida pública, son los socios del gobierno municipal de Valencia, Joan Ribó, de Compromís; y su vicealcaldesa, Sandra Gómez, concejala socialista --del mismo partido que Colomer--.
Ha dicho el alcalde de Valencia que su intención es aplicar una tasa turística a los turistas que visiten la ciudad. Paralelamente, desde Podemos, Martínez Dalmau, conseller de Arquitectura Bioclimática --que no se habrá herniado poniendo nombre a la conselleria-- se ha sumado entusiásticamente a la idea de Ribó.
Y la concejala socialista Sandra Gómez ha manifestado, por su parte, que la «tasa» la quieren para pagar los monumentos falleros, lo cual no viene sino a confirmar lo que dicen los representantes del sector: «ni es una tasa, ni es turística».
Lo que pedimos desde el grupo popular de la Diputación es que no se tome ninguna decisión sin consensuarla con el sector turístico de la Comunitat Valenciana.
La pasada semana, Nuria Montes, la secretaria general de Hosbec, la asociación hotelera alicantina, no acababa de entender qué pretenden los gobiernos locales o la Generalitat valenciana con la aplicación de este impuesto, cuando estas administraciones ya recaudan el 13% del total impositivo de la Comunitat Valenciana.
Desde el sector no descartan que se pueda aplicar en un futuro, pero de momento hace falta seguir creciendo, porque lleva su tiempo ser un destino puntero y maduro en la escena turística internacional.
Lo cierto es que la realidad turística de la Comunitat no tiene nada que ver con Barcelona o las Islas Baleares; ni con ciudades europeas donde existe un impuesto municipal ligado a la conservación del patrimonio. En la Comunitat, ni la recaudación, ni la finalidad de este impuesto tienen un objetivo claro y transparente.
Y lo que es más grave, estamos enviando un mensaje a los posibles turistas de saturación y de turismofobia, cuando nuestra realidad turística es bien distinta.
Por eso, desde el Partido Popular pedimos diálogo con el sector y huir de los cantos de sirena populistas, que escudándose en una supuesta lucha por el turismo sostenible, lo que hacen es incrementar arbitrariamente la presión fiscal sobre los alojamientos reglados, limitando la competitividad del sector turístico valenciano.
*Portavoz del PP en la Diputación
