Querido lector:
Nadie puede cuantificar los efectos de los escándalos políticos en una convocatoria electoral a pocos días de las elecciones, pero haberlos los habrá. Conocedores de esta circunstancia, como han podido comprobar en la última semana, la semana decisiva a la hora de definir mucho voto indeciso (el CIS y las últimas encuestas hablaban de más de un 20% del electorado), han surgido varios. El más llamativo, sin duda, el que afecta a las grabaciones del ministro del Interior, que por supuesto no salen porque sí.
Pero también en Castellón hemos tenido lo nuestro, principalmente los casos de las presuntas irregularidades en facturas de la última década en el Hospital Provincial o la presunta relación con la trama Púnica del Masters de golf de Castellón de hace unos años. Asuntos que han revolucionado la campaña electoral aburrida en nuestra provincia por la polémica creada entre los partidos contendientes y entre las instituciones donde gobiernan.
No es hora de prejuzgar, pero evidentemente no surgen porque sí. Así como hace unos días analizaba en esta misma columna que los recursos de unos partidos contra otros ante las juntas electorales se habían convertido en un arma más del marketing electoral por su masiva utilización en la presente campaña, lo mismo hay que concluir con este tipo de escándalos.
Sin embargo, y a pesar de que es una estrategia de utilización electoral, la introducción de casos de presunta corrupción o de irregularidad administrativa en la campaña (la justicia decidirá en su día), presentan una diferencia clara en relación al uso indiscriminado de recursos. No es otra que la de esconder una sospecha fundada, más allá de la estrategia. Es decir, reflejan una realidad detrás con una dosis evidente de posibilismo, que hace transcender la pura estrategia electoral por la que han surgido.
Sus consecuencias continuarán más allá del día electoral, día en que tendrán repercusión o no en el voto. Y provocarán responsabilidades posteriores. Sin duda, una diferencia importante.
