Desde los años 70 la despoblación rural preocupó al mundo académico. Sin embargo, en 1993 el sociólogo Luis Camarero sorprendió con su descubrimiento de que, aunque tal vez algún día la despoblación acabaría con los pueblos rurales, esto no ocurriría de inmediato. El fenómeno de la despoblación, iniciado alrededor de 1960, se había ralentizado notablemente y en algunos casos parecía haberse frenados.

La movilidad de la población española había pasado a ser una característica central de la sociedad postindustrial y ello podía estar frenando el éxodo. Cotidianamente, nos desplazamos para todo, para trabajar en poblaciones muy distantes (commuting), para realizar compras o para estudiar en la universidad. Viajamos a la residencia rural los fines de semana y aumenta el turismo ocasional. La generalización de las segundas residencias rurales había cambiado la dinámica de muchos municipios rurales al aportar una población flotante, pero a menudo sumamente implicada en la vida local. Además de incorporar nuevos residentes neorurales, retornaban algunos jubilados y se recibían inmigrantes extranjeros…

Esta parada en la despoblación rural de los años 90 se produjo en paralelo a ciertos cambios en la dinámica urbana que tenían como expresión sintomática la pérdida de población de muchas de las grandes ciudades europeas (contraurbanización). Al menos en parte estos cambios eran debidos a su alta densidad demográfica. Estos densos aglomerados urbanos perdían atractivo para algunos sectores sociales que se podían permitir buscar un entorno habitacional percibido como más seguro y natural. Como consecuencia, la ciudad difusa se amplió con nuevos barrios y zonas residenciales, pero también transfería población a muchos pueblos pequeños más o menos próximos a las grandes ciudades. Se descubrían nuevas ruralidades diversas, desagrarizadas, plurales, terciarias y de altísima movilidad, muy relacionadas con las ciudades, hasta el punto de conformar redes con ellas. Se trata de las denominadas por Jordi Borja y Manuel Castells como «regiones urbanas».

La crisis económica ha profundizado las desigualdades sociales, debilitando el Estado de bienestar. El futuro se ha desvelado incierto y las familias de las clases populares albergan dudas más que razonables acerca del futuro de sus hijos. En este contexto, el futuro de la ruralidad despoblada se ha puesto de nuevo sobre la mesa.

Desde los medios de comunicación la despoblación se ha visto, casi intuitivamente, como un fenómeno natural inherente a la ruralidad. Como una enfermedad congénita propia de los espacios rurales. El calificativo de la España vacía responde bien a esta percepción naturalizadora de la despoblación.

Sin embargo, va surgiendo una nueva visión de lo rural consciente de que el despoblamiento es el resultado inducido por la desigual distribución de infraestructuras, dotaciones y servicios. Esta nueva ruralidad denuncia que durante décadas la gestión de éstas ha respondido a un criterio de concentración demográfica y no de política de Estado basada en la igualdad de derechos. La España radial que intensifica flujos entre grandes ciudades constituye, en parte, la otra cara de la moneda de la despoblación. Por esta razón el movimiento social rural habla de la España vaciada y exige un cambio en las políticas y un gobierno equitativo del territorio.

Municipio rural no significa municipio carente de servicios. Estos pueblos seguirán siendo rurales cuando los tengan. Y, además, con una expectativa de futuro de la que por ahora se les priva. Continuarán desarrollando atractivos estilos de vida, diferentes de los urbanos. La nueva ruralidad desea continuar siendo distinta, pero no desigual, ni subordinada. Exige, eso sí, que se respeten sus derechos de ciudadanía, ya que nunca ha rehusado cumplir con sus obligaciones de ciudadanía. Hay que hacer posible que jóvenes y mayores puedan elegir realmente vivir en los ámbitos urbanos o en los rurales. En esto consiste hacer frente a la despoblación: en permitir que las personas puedan elegir realizar su proyecto laboral, profesional y vital en un pueblo rural en igualdad de condiciones que en las ciudades.

Para que el fenómeno de la despoblación sea comprendido en toda su complejidad es necesario que las instituciones valencianas reconozcan la responsabilidad que han tenido en este proceso.

Este reconocimiento público debería ir acompañado de la publicación del mapa de la despoblación identificando con claridad los territorios para los cuales se debe generar una regulación normativa específica adaptada a sus peculiaridades.

Un ejercicio de discriminación normativa contribuiría a frenar el proceso actual de despoblación, pero para revertir la situación todavía faltaría la aplicación generalizada de políticas compensatorias.

Sobretodo se debería intervenir en servicios transversales como el transporte público, las telecomunicaciones, las políticas de fomento de empleo y también de empleo público, la banca o el transporte.

Las oportunidades existentes en lo rural requieren un cambio en la visión política del territorio. Sólo así podrá revertirse la tendencia hacia el vaciado de los pueblos, recuperándose el empleo, la juventud y la natalidad.

*Membres de la Comissió organitzadora de les Jornades de Nova Ruralitat