Nací en septiembre de 1978, justo el mes en el que el pleno del Senado iniciaba los debates sobre el proyecto de Constitución. A finales de ese mismo año, el texto fue ratificado en referéndum por la inmensa mayoría de los españoles.
Años más tarde, el tener la ocasión de estudiar Derecho no hizo más que aumentar mi admiración por el trabajo realizado por los constituyentes y por el inmenso ejercicio de consenso y responsabilidad de los ciudadanos de nuestro país. Y ahora, que gracias a la confianza de miles de castellonenses en el Partido Popular tengo la oportunidad de trabajar desde el Senado, en la defensa de los intereses de nuestra provincia, estoy siendo testigo de unos acontecimientos que nunca pude imaginar, todos ellos ligados muy intrínsecamente a nuestra Constitución.
¿Cómo es posible que un gobierno autonómico ponga en riesgo a todo un país? ¿Cómo es posible tanta irresponsabilidad y desprecio por la ley y la democracia? ¿Qué significa para los diputados separatistas catalanes el Estado de Derecho y la libertad? Son muchísimas las preguntas que podemos hacernos, pero, si de algo pueden estar seguros, es que a todas y cada una dará cumplida respuesta el Gobierno del presidente Mariano Rajoy, siguiendo el rumbo marcado por el primer artículo de nuestra norma fundamental: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Y como bien manifestó el presidente Rajoy, durante su brillante intervención, esta semana, en el Congreso: «Somos libres cuando todos nos sometemos a la ley; y perdemos esa libertad cuando la ley deja de ampararnos. Por eso lo que no es legal no es democrático».
*Senadora del PPCS
