Llegó el verano y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , se fue de vacaciones. Eso sí, antes de hacer las maletas se garantizó un buen presupuesto, no le fuera a faltar para el carburante del Falcon.

El Real Decreto-Ley 27/2020 suscrito el pasado 4 de agosto entre Sánchez y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero , le garantizaba liquidez suficiente para descansar tranquilo. A él y a sus 22 ministros, el Gobierno de España más caro de la democracia.

¿Y quién paga? Los de siempre. Las familias que con esfuerzo y sacrificio pagan sus impuestos y tasas. Esos que las diputaciones y los ayuntamientos administran para revertirlos en sus vecinos. Esos que ahora Sánchez pretende saquear porque pagar a 22 ministros y disparar el gasto en asesores y altos cargos tiene sus consecuencias.

Sánchez fijó su estrategia durante el decreto de estado de alarma. La diseñó palmo a palmo con su brazo político en la FEMP, Abel Caballero. Y la impuso en solitario en el pleno del pasado 3 de agosto, donde el PSOE se quedó él solo con una vergonzosa abstención de Podemos que, lógicamente, quiere cobrar la extraordinaria de agosto.

Sánchez se fue tranquilo de vacaciones a Lanzarote y la incertidumbre se ha sembrado en nuestras familias. Las que han visto cómo el paro se disparaba desde la crisis sanitaria y que lejos de encontrar un gobierno que dé soluciones se topan con un presidente que ataca a los pilares económicos de nuestra provincia, llámese turismo, suspende servicios básicos, AVE a Madrid y Cercanías, y abandona la inversión en la costa, esa a la que el pasado 26 de enero garantizó la máxima inversión después de la devastación que provocó Gloria .

El Partido Popular no va a permitir que un presidente irresponsable y egocéntrico usurpe el dinero de los españoles, el de las familias de nuestra provincia. Por eso, vamos a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional frente a lo que consideramos un atentado contra la autonomía de los municipios y un chantaje en toda regla.

Lo vamos a hacer también desde les Corts, donde hemos presentado una Proposición No de Ley con el fin de exigir al Gobierno de Sánchez que permita invertir el 100% de los remanentes de diputaciones y ayuntamientos en paliar los efectos de la crisis del covid-19.

Porque si en España son 15.000 millones de euros los que Sánchez pretende usurpar de forma indiscriminada, son 400 los que se embolsará del bolsillo de nuestra Comunitat Valenciana. Una cacicada en toda regla que esperamos que el PSOE frene a nivel municipal, provincial y autonómico.

En Castellón, ya lo hemos solicitado en nuestros ayuntamientos, a través de nuestros alcaldes y portavoces. Y también en la Diputación, donde hemos exigido al presidente José Martí que no convierta a la institución en la caja de caudales de su jefe de filas. Porque lamentablemente, el PSOE ya ha demostrado que es servil a Ximo Puig , financiando los gastos que la Generalitat valenciana debería asumir, como para que ahora se pliegue ante los deseos de Sánchez. El dinero de Castellón es de los castellonenses. Ni un euro para Sánchez. H

*Diputada provincial del Partido Popular