De la misma forma que no hay vacuna contra el covid-19 y los expertos en salud pública no han encontrado la manera de detener la cadena de contagio, tampoco hay forma de evitar los efectos que la emergencia sanitaria ya tienen sobre la economía. Muchas empresas que intentan sobrevivir a la caída de ingresos y de ventas no encuentran otra solución que el ajuste de plantillas. Decenas de miles de personas están perdiendo de forma temporal su empleo. Ayer se anunció que la dirección de la planta de Seat en Martorell ha pactado la apertura de un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) que afectará a 14.800 trabajadores. La cadena de hamburgueserías Burger King hará lo mismo, en su caso afectando a 14.000 personas en España. No son las únicas empresas que han tomado esta decisión: en la provincia de Castellón, el Consell tramita ya 27 ERTES que afectan a 521 castellonenses. Los estragos que causa la emergencia económica empiezan a ser evidentes.

En las grandes urbes, el primer día laborable de confinamiento dejó imágenes que causaron cierto revuelo, como la acumulación de pasajeros en el metro. El Gobierno permite acudir a trabajar en aquellas empresas que mantengan su actividad, de ahí que hubiera desplazamientos de personas. Pese a ello, la imagen de estas ciudades distaba mucho de la de un día habitual, pero no puede afirmarse que se detuvo por completo la actividad al estilo de o que hemos visto en China e Italia.

Ese es el dilema al que se enfrentan los gobernantes no solo en España, sino en Europa, convertida ahora en el epicentro global de la epidemia, según la Organización Mundial de la salud (OMS): encontrar el equilibrio entre combatir la emergencia sanitaria sin que ello arrase con la economía. El modelo chino de confinamiento total supone paralizarla por completo. Italia ha seguido parcialmente este camino, mientras que España permite salir a trabajar, lo que suaviza algo los efectos económicos. La Generalitat de Catalunya, en su pulso competencial con el Gobierno central incluso en esta enorme crisis, defiende un cierre total para el cual no tiene competencias. En el otro extremo se sitúa el Reino Unido, donde Boris Johnson se resiste a tomar medidas drásticas que afecten a una economía marcada por el proceso del brexit pese a los informes científicos que alertan de las consecuencias sanitarias de esta decisión.

No es este un debate sencillo, que pueda ventilarse con argumentos superficiales y estériles. La responsabilidad que recae sobre los gobernantes es descomunal. Los hospitales pueden dar fe de los estragos de la crisis sanitaria, y los cierres de empresas y los despidos, de los de la crisis económica. La crisis llega hasta a tal extremo de que se ha decidido el cierre total de las fronteras de la Unión Europa y de las interiores que están decretando muchos países. Pero al final es responsabilidad de los gobiernos sopesar, como vasos comunicantes, los efectos de sus decisiones en un escenario en que no hay soluciones buenas, sino menos malas. Y también es su responsabilidad evitar que la crisis acabe en un desastre social.