Tiene sentido que el Ayuntamiento de Castelló sume superávits año tras año en sus cuentas y no pueda destinarlo a inversiones necesarias para nuestras vecinas y vecinos? ¿Es razonable que hayamos reducido la deuda municipal en más de 60 millones desde el 2015 (dejándola en menos de la mitad de la que encontramos), atendiendo responsablemente nuestros compromisos, y no podamos crear ni una sola plaza en la plantilla para atender la creciente demanda de servicios de la ciudadanía? ¿Por qué disponiendo de recursos, cumpliendo con nuestros acreedores y ajustándonos a las reglas de estabilidad presupuestaria que marca Europa no tenemos capacidad para decidir en qué y cómo invertir?

El gobierno municipal de Castelló, y el de la inmensa mayoría de pueblos y ciudades españolas, se plantea a diario esas preguntas. Y por eso nos hemos reunido esta semana en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias en Madrid. Para exigir al Gobierno de España que respete la autonomía de los ayuntamientos en la gestión de los recursos que los ciudadanos ponen en sus manos para hacer políticas de ciudad. Queremos que los ahorros municipales reviertan en beneficio de la ciudadanía. Queremos, también, acabar con la precariedad laboral entre las empleadas y los empleados públicos y recuperar los puestos de trabajo perdidos durante los momentos más duros de la crisis.

M. Rajoy y el ministro Montoro tienen la obligación de escuchar a las alcaldesas y alcaldes de nuestro país. Y dar respuesta a esas exigencias cuanto antes promoviendo los cambios legislativos que sean necesarios. A ello se han comprometido ante la presión del municipalismo. Estaremos vigilantes.

*Concejal de Gestión Municipal y Seguridad y edil del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Castelló