Querido/a lector/a, hay hechos que si ocurren en un país y en el marco de una democracia, no se pueden ignorar o tolerar y, en consecuencia, no se deben dejar pasar. Incluso diría más, el asalto al Capitolio, al poder legislativo de los EEUU, es un hecho de tal magnitud y trascendencia que no vale aquello de «como le quedan cuatro días a Trump de presidente que se vaya y punto final». Ni tampoco sirve lo de «como el 20 de enero toma posición Biden no queda tiempo para un juicio político». En última instancia no es aconsejable ese buenísmo caritativo e improductivo de «olvidar para intentar cerrar heridas». ¡No!
Y es que hay situaciones que, si se dan, la sociedad y las instituciones democráticas que la representan deben exigir todas las responsabilidades y situar a los instigadores ante la ley. Actitud que es exigible a cualquier país del mundo, pero mucho más a los EEUU. Posiblemente porque sus ciudadanos y su propio sistema democrático se merecen un presidente y un gobierno que asuma y respete su voluntad democrática y soberana expresada en las urnas. Pero, también, porque aunque solo fuera por su poder económico, tecnológico y militar, es el país más influyente del mundo y, todos sus gobiernos, suelen autoproclamarse representativos del sistema capitalista de producción y, al tiempo, gendarmes y mediadores de los valores de ese orden, incluida la democracia liberal.
Por lo tanto, aun considerando que en más de una ocasión el papel que los EEUU han jugado es discutible porque no ha respondido a los valores que pregonan, no deberían aparecer como una república bananera cuya democracia política ha ido degradándose hasta el extremo de debilitarse. Así es que, en este momento y ante los hechos, lo adecuado sería buscar la fórmula jurídica para exigirle responsabilidades a Trump. H
*Analista político
