Después de haber enviado, hace 15 días, una misiva dirigida al Gobierno español para advertirle de que las medidas anunciadas y adoptadas contra la contaminación del aire y las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) no eran todo lo efectivas que cabía esperar, la Comisión Europea (CE) ya no concede más tiempo a España y se anuncia para hoy el inicio de un procedimiento de sanción al Estado con una denuncia de Bruselas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo.
La directiva de calidad del aire de la Unión Europea se aprobó en el 2008 y que, desde entonces, España siempre ha estado en la cuerda floja del incumplimiento de la legislación europea. Hasta tal punto que en el 2017 se elaboró un dictamen negativo que ponía especial énfasis en el exceso sobre la limitación de gases contaminantes en Madrid y en el área metropolitana de Barcelona. En el 2018, sin embargo, y a diferencia de otros países comunitarios, España no fue denunciada porque se apreciaron indicios de una lucha efectiva que debía consolidarse.
Aun a pesar de los informes del Ministerio de Transición Ecológica que nos hablan de una ligera mejora de la contaminación, lo cierto es que en los dos principales puntos de tensión siguen superándose los límites establecidos por el Ejecutivo comunitario, sobre todo a causa del tráfico rodado. El expediente incoado ahora contra España no supone una automática imposición de sanciones, sino un paso más en el entramado judicial, pero sí que representa una alerta de primer nivel, la culminación de un proceso largamente anunciado.
