Cuando en democracia un gobierno restringe y condiciona la libertad de los ciudadanos es un mal gobierno. Y cuando ello se hace mediante normativa que, finalmente, acaba anulándose por los tribunales por vulnerar derechos básicos, ya no estamos solo ante un mal gobierno, que también, sino ante el Gobierno valenciano de PSPV y Compromís.

Aquellos en cuya razón de ser y estar en política subyace el menosprecio a la ciudadanía, a la que consideran conviene tutelar, con el fin de protegerla de sí misma, hoy pomposamente autodenominados Govern del Botànic y caracterizados, hasta la fecha, por su interés en disfrazar de políticas lo que realmente son imposiciones. Y para muestra un Marzà, teóricamente consejero de Educación, realmente, de imposición.

Desacreditado desde el momento en que el TSJCV anuló su decreto de plurilingüismo por discriminar a los alumnos que elegían enseñanza en castellano. Aquello que en 2017 nos presentaba como una normativa avanzada en defensa del plurilingüismo, acabó demostrándose lo que realmente era, un mecanismo de imposición lingüística que atentaba contra la libertad de los valencianos a elegir la lengua en la que querían educar a sus hijos.

Marzà sigue siendo consejero porque, pese al enorme varapalo judicial, ni dimitió ni fue cesado y vuelve a tratar de imponernos a todos un modelo educativo discriminatorio pensado por y para nacionalistas.

Hoy tiene más razón de ser la defensa de un proyecto político liberal como el del Partido Popular que en materia educativa devuelva a los valencianos la libertad de elegir el colegio donde formar a sus hijos, o la lengua en la que quieren que se les forme. Si importante es escuchar a la gente, más debería ser respetar su libertad de elección cuando lo que deciden afecta a sus hijos.

*Portavoz del PP Vinaròs