En el 2006, los alcaldes populares de Xilxes, Orpesa y Cabanes, junto con los socialistas de Moncofa y Benicàssim, pactaron hacerse cargo del 80% de los costes de las dos desaladoras a cargo del presupuesto municipal. Más de 50 millones de euros cada una, en 100 pagos trimestrales durante 25 años, corriendo el 20% a cuenta de los fondos europeos. Una ruina. Es decir, firmaron la obligación de consumir un mínimo de agua desalada con previsiones urbanísticas hinchadas, a la vez que asumieron los costes fijos usen el agua o no, y los costes variables dependiendo del volumen consumido.
Dicha operación, realizada por Acuamed y autorizada por Zapatero sin ningún control sobre los sobrecostes y sin la suficiente transparencia en su construcción, ha acabado por triplicar el precio del coste del agua consumida a partir del tercer año de su apertura, resultando una carga inasumible para muchas familias y agricultores. Una estafa para algunos y un negocio para otros. Desde Cs lo tenemos claro: no vamos a ceder al chantaje y a las presiones del Ministerio en funciones con sus convenios transitorios. Por ello, esperamos que el bipartidismo que gobierna en estas localidades tampoco caiga en la trampa y piense más en sus vecinos que en sus intereses.
Es verdad que la solución para el agua no es fácil. Necesitamos un pacto y un plan nacional que no sea un mero reparto, sino que convierta a este país en uno de los punteros en el ahorro y aprovechamiento del agua, la transversalidad y la sostenibilidad para el presente y para el futuro. Pero, sobre todo, necesitamos que los partidos sean coherentes y responsables y digan lo mismo en todas partes, no en función de las encuestas de cada autonomía. Y es que hoy, sólo Cs tiene un mismo discurso sobre la política de agua en todo el territorio nacional.
*Diputada nacional de Ciudadanos
