En el eje de casi todas las batallas políticas que se libran en estos momentos en la Comunitat Valenciana está la deficiente financiación que recibe el territorio, especialmente castigado en relación con el resto de autonomías, tal y como llegó a reconocer ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo hizo en una comparecencia en la que avanzó que, con toda probabilidad, las cantidades a cuenta llegarán a las arcas de la Generalitat a finales de octubre o principios de noviembre. Es decir, un poco antes de la previsión inicial, cuyo horizonte temporal había sido situado «antes de final de año». Es un magro consuelo, y no deja de ser un anuncio, ya que la única realidad constatada hasta ahora en relación con el dinero que Madrid debe remitir al Consell es la ampliación del plazo para la presentación del Plan Económico y Financiero. Es este un avance al que se aferra el titular de Hacienda valenciano, Vicent Soler, para tratar de eludir la aplicación de recortes en el gasto previsto dentro de este ejercicio, que tantos dolores de cabeza mediáticos está causando al president Ximo Puig y sus socios de Gobierno.
No dejarán de ser dudosos premios de consolación en una situación de infrafinanciación estructural, que requiere la reforma en profundidad de un sistema que lleva demasiado tiempo sobre la mesa sin que ningún Ejecutivo estatal la haya abordado con resultados eficaces. La interinidad del Gobierno de Pedro Sánchez hará imposible que una solución de calado pueda surgir tampoco de la reunión que, tras cancelar la ya concertada, Puig y Montero deben celebrar la próxima semana. Por ahora, solo hay palabras, a la espera de los hechos.
