Querido lector:
A estas alturas ya no nos puede sonar a chino el polémico problema de la financiación autonómica. Durante todo el mandato del anterior president, Alberto Fabra, y del primer año de mandato de Ximo Puig, ha sido la piedra angular de la política valenciana en su relación con el Gobierno central. Y la razón es muy sencilla y al mismo tiempo muy real. La Generalitat valenciana, la administración autonómica, no ingresa lo suficiente para costear los servicios públicos que presta según las competencias estipuladas en el Estatuto de Autonomía, ni directamente ni mediante el mecanismo de financiación autonómica establecido desde hace una década que ha penalizado a los valencianos situándonos a la cola de las percepciones per cápita del total de la tarta autonómica transferida.
Además es tal su deuda que técnicamente está en quiebra, por lo que no puede acudir a los mercados financieros. En base a la deficiencia del modelo, evidenciada especialmente con la crisis, el actual Gobierno estableció una serie de mecanismos, el principal el Fondo de Liquidez Autonómica, a fin de que las comunidades autónomas se sirvieran de él como si fuera un préstamo, ahora a interés cero, pero que como préstamo incrementa una deuda que hay que devolver.
Pero como la política es como es, este mecanismo no ha hecho sino abrir otro frente, ahora en su punto más álgido, que no es otro que la batalla por la administración de esos fondos. Y claro, como el que decide es el Gobierno central, la dependencia económica del gobierno autonómico es absoluta. Es decir, el mecanismo ha agravado aún más la situación de dependencia respecto del Estado, lo que produce una grave distorsión sobre la realidad de la autonomía de la Comunitat y una confrontación política que resulta inevitable entre los partidos que ostentan ambos gobiernos.
La solución: imposible ahora mismo. El modelo de financiación es un fracaso pero la situación política no permite su reforma. Y el FLA, como vemos, no es sino un mecanismo de control político autonómico.
