Francia vivió el jueves la segunda gran jornada de movilización contra la reforma laboral que quiere implantar el Gobierno socialista de François Hollande, que desde el principio fue comparada a la legislación que rige en España tras las sucesivas reformas de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. La equiparación puede leerse de dos maneras: una que expresa hasta dónde es capaz de llegar el Ejecutivo de Manuel Valls, y otra que ilustra sobre el desfase de Francia en materia de legislación laboral en relación a los demás países europeos. Valls califica la reforma de “inteligente, audaz y necesaria”, pero buena parte de la izquierda y de los sindicatos se oponen radicalmente a toda restricción de los ventajosos derechos de que gozan los trabajadores franceses y piden la retirada del proyecto. La reforma aumenta las facilidades para el despido, limita su coste y desequilibra, según sus críticos, las relaciones laborales en favor de los empresarios. La huelga fue seguida casi exclusivamente en el sector público y entre los estudiantes, pero las manifestaciones fueron importantes. El Gobierno dice que no cederá más, pero la debilidad de Hollande, que acaba de renunciar a la reforma constitucional impulsada tras los atentados de noviembre, permite dudarlo.
