El sector del taxi realizó ayer una poderosa demostración de fuerza en el conflicto que mantiene con dos de sus encarnizados rivales: los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y las plataformas tecnológicas que ofrecen sus servicios a través de aplicaciones del móvil. La protesta hizo que el tráfico en las grandes ciudades viviera estampas inéditas, sin taxis en sus calles, mientras Madrid acogió una gran concentración de profesionales llegados desde diversas zonas del país para expresar su queja por lo que consideran una competencia desleal que amenaza su futuro. Y no les faltan motivos. Tal como ocurre en otros sectores, los trabajadores del taxi observan cómo las reglas del juego por las que se regía su oficio están cambiando de forma acelerada y eso conlleva efectos directos sobre sus ingresos, condiciones de trabajo y hasta acerca de sus previsiones de jubilación cuando finalice su vida laboral.
Fuertemente regulado por ser un servicio público esencial, el gremio del taxi está obligado a cumplir condiciones exigentes en cuanto a la seguridad, a los tributos a pagar o las tarifas a cobrar, junto con un control estricto de las licencias. A cambio, la regulación estatal les ha venido garantizando límites no menos severos a las alternativas al taxi, como el alquiler de vehículos con conductor (VTC). Este marco regulador se quebró con una ley que eliminó durante dos años la limitación de licencias VTC. Otro factor ha hecho temblar el terreno de juego. Dos operadores de presencia mundial, Uber y Cabify, ofrecen el servicio privado de transporte con una sencilla operación en el móvil. Se trata aquí de un desafío más estructural que el de las licencias VTC, porque conecta con una demanda creciente de ususarios que viven tecnológicamente. El fenómeno de estas plataformas no parece ser coyuntural. Han venido para quedarse.
No les falta razón a los taxistas cuando reclaman una mayor transparencia en la gestión de estas compañías que deben cumplir con la legalidad laboral y tributaria.
