Hace unos días asistí a un webinar sobre economía social y solidaria donde la ponente empezaba su disertación preguntando a la audiencia sobre la «mujer económica».
Quedamos enmudecidas, aunque alguna se lanzó a hablarnos sobre lo que es la economía social y que generalmente dicha denominación es utilizada para presentar al sector de la economía mundial que aglutina las empresas cooperativas, las mutualidades y las asociaciones sin ánimo de lucro, también incluyó aquellos emprendimientos que tienen como característica principal la ausencia de lucro.
Otra participante nos habló de dos subsectores en la economía social, el subsector que podría denominarse de mercado que está integrado por cooperativas, mutualidades y sociedades laborales; y el subsector del no mercado, integrado por asociaciones y fundaciones. Generalmente se piensa que las entidades del tercer sector son las cooperativas, no obstante, existen asociaciones que sin ser cooperativas tienen características que las vinculan a las formas de hacer economía social y solidaria.
La economía social y solidaria proporciona nuevas miradas igualitarias a problemas de hombres y mujeres. Siempre desde las actuaciones desarrolladas por las mujeres se evidencia un compromiso solidario capaz de promocionar el desarrollo humano y la sostenibilidad en el mundo, ya sean actuaciones de formación, de sensibilización o de investigación, buscando transformar las tan variadas y muchas formas de exclusión por ser mujeres. Las mujeres tienen una manera diferente de hacer economía en comparación con los hombres, pero ambas formas deberían combinarse para lograr economía balanceada, templada y flexible. La «mujer económica» se caracteriza por la subjetividad, la conexión, el entender intuitivo y la cooperación.
Los fines últimos de la economía social y solidaria son 1) satisfacción de las necesidades humanas, 2) el quiebre de jerarquías económicas opresivas de todo tipo, 3) el desarrollo del potencial humano, y 4) la preservación de nuestras comunidades y nuestros ambientes. Fines que las empresas de economía social y solidaria buscan desarrollar a través de la creación de puestos de trabajo, aportando productos y servicios socialmente innovadores, facilitando la integración social y promoviendo una economía más sostenible y de kilómetro cero que respete los derechos humanos.
A partir de la década pasada, las instituciones europeas vienen recomendando, específicamente a través de una Resolución del Parlamento Europeo de 19 de febrero de 2019, a los poderes públicos que hagan un esfuerzo contundente por dar visibilidad a la economía social y promuevan su implantación y desarrollo. España, como otros muchos países europeos han regulado la economía social. Contamos con la Ley de Economía Social 5/2011, de 29 de marzo, que las diversas autonomías aplican y se esfuerzan para que sus objetivos se cumplan.
El Gobierno Valenciano, en el Pacto del Botànic 2, firmó por «Fomentar las cooperativas y la economía social para impulsar un cambio en el modelo productivo basado en valores democráticos, participativos, igualitarios y sostenibles».
Yo, de momento, me quedo con la economía social y solidaria ejecutada no por el hombre económico, ni tan solo por la mujer económica, sino por la «gente económica», tan necesaria ahora ante esta crisis económica y social, secuela de la pandemia. H
*Diputada de Unides Podem en les Corts
