Tres días después de que el Ministerio de Justicia mantuviera una posición mucho más tibia, el Gobierno anunció ayer la contratación de un bufete belga para proteger a Pablo Llarena tras la demanda presentada contra el juez del Supremo por el expresident catalán Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes huidos. El juez instructor del procés debe comparecer en Bélgica el próximo día 4 de septiembre.
Es obvio que el Gobierno debe proteger a la jurisdicción española y a sus magistrados, por lo que hubiera sido deseable no haber hecho pública, el pasado jueves, una manifiesta tibieza en el caso que provocó una tensión innecesaria, y no solo de los adversarios políticos, sino también de las principales asociaciones de jueces y fiscales.
La dura carga política de la demanda de Puigdemont, que cuestiona el cumplimiento en España de derechos fundamentales, obligaba a actuar en ese sentido, ya que va mucho más allá de que el juez dijera en una conferencia que los dirigentes encarcelados no son presos políticos, el argumento utilizado para presentar la demanda. De la misma forma, cabría esperar del juez instructor del procés la máxima prudencia en sus manifestaciones para no avivar el fuego del conflicto. En paralelo al giro del Ejecutivo, Puigdemont pidió ayer, en una conferencia en Escocia, a Pedro Sánchez algo que sabe innegociable: una propuesta concreta que aborde el derecho de autodeterminación. El inminente inicio del curso político se presenta agitado.
