La compra masiva de edificios en antigua condición de VPO para el alquiler en Castellón ha expulsado a decenas de familias de las que han sido sus casas durante años, o incluso décadas. En el barrio del Raval Universitari, fondos de inversión han comprado edificios enteros y provocado subidas de los precios del alquiler de hasta el 50% o, en algunos casos, ni han ofrecido a los inquilinos la posibilidad de continuar con el alquiler de la casa en la que vivían. Transferencias masivas de activos casi siempre de bancos a fondos buitre con nombres y apellidos, pero que, en algunos casos como en el Ayuntamiento de Madrid, encontraron en las instituciones públicas uno más de sus vendedores.

Esa dinámica financiera que expulsa a familias de sus casas ha convertido un derecho social recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución en una ficha más en el casino en el que esos fondos de inversión hacen negocios. Y ante ella, las instituciones públicas que deberían garantizar esos derechos solo pueden mirar atónitas sin, a día de hoy, mecanismos legales para echar el freno a esa ruleta. Y esa incapacidad es el resultado de una renuncia moral e ideológica a intervenir en ese mundo de las finanzas privadas, una renuncia labrada por gobiernos de derecha neoliberal, pero asumida también durante décadas por muchas fuerzas anteriormente social-demócratas en Europa. Esa derrota (a veces rendición) de la política frente a la economía es en buena medida origen de la pérdida de la confianza ciudadana en las instituciones.

Hoy se dan ya las condiciones para que todas las administraciones políticas se den la mano en un frente contra esos fondos buitre que nos expulsan de nuestras casas y se enriquecen a nuestra costa: controles de precios máximos de alquiler desde la legislación estatal como en Dinamarca, Alemania o Austria, la prohibición de romper contratos a inquilinos con rentas bajas, sanciones fiscales a los grandes propietarios y agrandar el parque público para el alquiler social para combatir esa subida de precios desde las reglas mismas del mercado son medidas realizables a medio plazo. No lograrlo puede convertir la política de vivienda, que abrió en parte la brecha del cambio en el país en 2015, en una de sus principales frustraciones y ensanchar la brecha entre instituciones de representación y sus representados. No nos lo podemos permitir.

*Secretario General de Podem Castelló