De nada han servido las astucias y maniobras de distracción para sortear a la Junta Electoral Central (JEC), como la sustitución en el Palau de la Generalitat de Cataluña y en otros edificios oficiales de los lazos amarillos por lazos blancos tachados por franjas rojas (alusión a la libertad de expresión), pancartas y otras ocurrencias para burlarse de la orden de retirada. La JEC decidió este jueves enviar el caso a la fiscalía para que investigue si el president Quim Torra ha incurrido en un delito de desobediencia, que puede acabar en su inhabilitación; abrirle expediente para multarle, y pedir al conseller de Interior, Miquel Buch, que ordene a los Mossos d’Esquadra la retirada de los símbolos independentistas. Una vez más, la policía autonómica se ve así atrapada entre la espada de cumplir la ley y la pared de los políticos que juegan con el prestigio del cuerpo policial. La reacción de Torra y del Govern a la orden de la JEC, respaldada por un dictamen del Síndic de Greuges --elaborado hace días y ocultado por la Generalitat catalana-- indica que no se entiende o no se quiere entender el meollo del problema. No se trata tanto del contenido de las pancartas o de lo que representan los lazos amarillos, sino de que las instituciones deben ser neutrales.
Torra destaca por su exclusiva dedicación a la batalla de los símbolos, pero el problema no es solo suyo, sino de todo el Govern, un Ejecutivo sin proyecto, desorientado estratégicamente y dividido entre dos partidos que se miran de reojo mientras luchan por la hegemonía en el movimiento independentista.
