La reunión entre el colectivo de taxistas y el Ministerio de Fomento celebrada en Madrid no fue mal para los intereses de los taxistas, según afirmaron los propios portavoces de los mismos. El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, aseguró que el próximo 15 de septiembre habrá en toda España un marco normativo consensuado con el sector para que los ayuntamientos asuman la capacidad regulatoria en materia de licencias VTC. La intención es reponer la legalidad de la proporción de una licencia de VTC por cada 30 de taxis. El número dos de Fomento aseguró que el Gobierno en el próximo Consejo de Ministros hará una declaración política formal de su compromiso con el sector del taxi, empezando así un proceso de reformas normativas.

Pese a ello, los taxistas decidieron mantener la huelga y el bloqueo de ciudades. En Castellón, los taxistas secundaron al cien por cien los paros y realizaron una marcha por el centro urbano. Los huelguistas argumentan que para levantar la huelga necesitan algo más que las buenas palabras del secretario de Estado, y exigen un compromiso por escrito. Resulta evidente que existe un grave problema de desconfianza entre los taxistas y Fomento, o dudas de que un cambio normativo como el que propone el Gobierno pueda llevarse a cabo. Fomento tiene pendientes aún varias reuniones con Cabify y Uber, las empresas que forman la otra parte del conflicto, y con las administraciones para estudiar el difícil traspaso de las competencias.

Los taxistas tienen todo el derecho a mantener la huelga indefinida si las palabras del secretario de Estado de Infraestructuras no les merecen confianza plena y no tienen el documento firmado que exigen. El derecho a huelga está, por supuesto, fuera de toda cuestión y las estrategias negociadoras solo competen a los representantes del colectivo.

La huelga, al ser el taxi un servicio público por mucho que esté privatizado, tiene afectaciones sobre la movilidad y la vida cotidiana de vecinos y turistas, pero estas consecuencias --no siendo desdeñables-- son las mismas cuando otros sectores hacen huelga.

Lo que no es de recibo es que a causa de este conflicto laboral se mantenga el centro de muchas ciudades españolas bloqueado, con los perjuicios que ello conlleva. El taxi tiene derecho a hacer huelga, pero no a acaparar y bloquear el espacio público.