En estos tiempos es bueno recordar a uno de los teóricos del liberalismo económico, Adam Smith, quien dijo: «Nunca he sabido que hiciesen mucho bien aquellos afectos a trabajar por el bien público». Son palabras, aún hoy, irrespetuosas e injustas para las personas que prestan sus servicios en el ámbito de las administraciones, palabras que en nuestros días ponen en evidencia a quienes son escépticos de la res pública, a quienes han aplicado con celo recetas neoliberales.
Conviene recordar que el liberalismo es partidario de un Estado mínimo, sin capacidad de intervención en la economía. Que las políticas de los gobiernos que abrazaron su ideología fueron las que nos sumieron en los niveles de desigualdad social que aún hoy padecemos y en una pérdida de derechos sin parangón tras la crisis financiera y económica que cursó en España a partir de 2007. Esas recetas, que el Ejecutivo del PP calificó de medidas de austeridad, y otros tildamos de austericidas, son las que trajeron la caída del gasto sanitario, del educativo, de la atención a los servicios sociales o a la dependencia. Las que han recortado las pensiones y han querido hacer insostenible este sistema. Las que impulsaron la reforma laboral para quitarnos derechos. Las que rebajaron los impuestos, especialmente para ricos y multinacionales, miraron para otro lado ante la elusión fiscal o amnistiaron la evasión de capitales.
La crisis del coronavirus, además de los devastadores efectos en la salud pública, en la economía y en el empleo, pone al descubierto las debilidades y fortalezas del ser humano en un mundo globalizado. En nuestro país, esta pandemia está haciendo una pormenorizada radiografía de nuestro sistema de convivencia, de las instituciones del Estado y de la sociedad en su conjunto.
A esta dura prueba de realismo, a la que ningún país es ajeno, el actual Gobierno le está haciendo frente con políticas de preservación del empleo, así como de protección social, de manera que las personas puedan tener sus necesidades básicas cubiertas, durante la crisis sanitaria y la posterior crisis económica. Es la acción protectora del Estado la que da cobertura a las contingencias de las personas y que ahora se activa especialmente con motivo de la pandemia. Una acción protectora que se extiende también hacia las empresas y personas autónomas, mediante políticas para inyectar liquidez en el sistema productivo y evitar la destrucción de más puestos de trabajo.
Cobra una importancia transcendental el sistema de protección social y la gestión de sus servicios y prestaciones, porque son el instrumento que da cobertura a las necesidades trascendentes de las personas. Por ello, saldrán reforzados de esta crisis el estado de bienestar y la gestión de los servicios públicos y, para sostenerlos, una fiscalidad que los sufrague adecuadamente. Solo con un Estado bien financiado se pueden dar condiciones de igualdad y, por eso, hay que recelar de quienes dicen que el dinero donde mejor está es el bolsillo de la ciudadanía, porque lo que quieren es evitar contribuir con sus impuestos a la causa común.
Podemos sentir orgullo de nuestra sanidad pública, aun habiendo sido sometida a recortes durante años por la aplicación de las políticas neoliberales. ¿Qué pasaría en este país si no dispusiéramos de sistema público de salud, sin la entrega abnegada de sus profesionales? ¿Quién cuidaría de nuestra salud? Igualmente se puede decir con carácter general de todos los servicios públicos: ¿Quién garantizaría la seguridad y las libertades? ¿Quiénes podrían acceder a la educación o a los servicios sociales? En tiempos en los que vemos cómo algunos poderosos se ponen de perfil o se aprovechan, ¿cómo se gestionaría el estado de alarma sin servicios y servidores de lo público?
Por eso, seguidores incondicionales de Adam Smith, con la salida de la crisis habrá que apostar por reforzar la sanidad pública, sus servicios y plantillas. Habrá que seguir revirtiendo los departamentos sanitarios del modelo concesional que ha mercantilizado la salud para beneficio de unos pocos. Habrá que replantearse otras reversiones y la conformación de una red de gestión directa de atención a la dependencia que, en estos tiempos, está dando muestras claras de la necesidad de ser reforzada.
Para mantener esta arquitectura del Estado social, en el contexto de una caída de la actividad económica tan abrupta, necesitamos, sin duda, una Europa solidaria que refuerce el proyecto político común.
*Secretario general de CCOO-PV
