Esta semana salieron a la venta las plazas turísticas que anualmente subvenciona el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Desde 1985, aproximadamente un millón de personas jubiladas gozan de unos días de vacaciones soportadas por el Estado. Se trata de un programa de inversión pública que pretende a la vez hacer mejor la vida de los mayores y alargar unas semanas la temporada de las infraestructuras turísticas con el impacto positivo que tiene para el empleo y para el PIB. El programa presenta un balance netamente positivo en todos los aspectos.
Pero este año, las plazas salieron a la venta algo más tarde de lo habitual por un conjunto de recursos y alegaciones cruzadas en el concurso para la adjudicación de este lote que cuesta a la Administración pública algo más de 130 millones de euros. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha advertido al Gobierno sobre la necesidad de reformar las condiciones del concurso público para que «no ganen siempre los mismos». También los mismos adjudicatarios se quejan de que no siempre cubren los gastos del servicio que prestan. Igualmente, parece que no tiene mucho sentido que las ayudas que reciben los pensionistas para practicar estos días de turismo no tengan en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios. Dar las ayudas de manera lineal puede parecer igualitario pero, en realidad, es claramente discriminatorio. Es una mala práctica que si se erradicara podría, además, permitir que el programa tuviera más beneficiarios, pues no hay que olvidar que el 75% de los solicitantes se quedan sin viajar.
