El caso Noós, el proceso que por primera vez llevó a dos miembros de la realeza española al banquillo de los acusados, ha acabado después de 11 años con una sentencia que muchos juristas consideran benigna. Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, ha sido condenado por corrupción: el tribunal le ha impuesto una pena de seis años y tres meses de cárcel por haber creado junto a su exsocio Diego Torres (condenado a ocho años y seis meses de prisión) una trama de fraude a Hacienda y de desvío de fondos públicos al Instituto Nóos. La infanta, hermana del Rey, ha sido absuelta de dos delitos de fraude a Hacienda, y acabará este largo proceso con una multa de 265.000 euros en concepto de responsabilidad civil (como depositó 587.413 euros en el año 2014, ahora recuperará casi la mitad de esta cifra).

El tribunal, pues, ha tomado en consideración la línea argumental de la defensa de la hermana del Rey, que consistió en alegar ignorancia sobre todo lo que concernía al Instituto Nóos, la gestión económica de su familia y sus asuntos fiscales. No hay, según el tribunal, delito en las acciones de la infanta a causa de la ignorancia sobre la procedencia de fondos que permitían, entre otros asuntos, pagar gastos domésticos y costearse un safari africano. Como no podía ser de otra forma, el palacio de la Zarzuela reiteró su respeto por la independencia de la justicia, y el fallo fue recibido con la esperada diversidad de opiniones entre los partidos políticos de nuestro país.

No ha sido este un caso sencillo ni para la justicia española, que debía asegurar a los ciudadanos que todo el mundo es igual ante la ley, ni para la familia real, que ha visto como la institución ha alcanzado cotas de impopularidad jamás vistas con anterioridad a causa en parte de la información que se iba filtrando del caso. La sentencia, suavizada por los atenuantes, permite a la Casa Real pasar página. Pero el asunto no ha terminado. El fiscal Pedro Horrach ya ha anunciado que pedirá la prisión preventiva inmediata para el cuñado del Rey y para Torres, con el argumento del riesgo de fuga. Sus abogados defensores afirmaron que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo. Y sobre la infanta, pese a la absolución, permanece una sombra de duda, agravada por la injusta pena de telediario, de la que será muy difícil que se desprenda.