No dejar a nadie atrás». Esta expresión ha sido muy repetida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en todas las comparecencias que ha realizado durante las semanas que ha durado la pandemia del coronavirus. Pero el Gobierno no se ha quedado solo en las palabras, sino que ha gobernado desde el primer día para mitigar los efectos de la crisis sanitaria. Y eso significa actuar, tomar decisiones. Hechos y no solo palabras.
Desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el llamado Ingreso Mínimo Vital, España es un país mucho más digno, con más democracia y más justicia social. Es una medida que protege a quien más lo necesita y un ejemplo de cómo la política puede ser un instrumento para construir una sociedad más justa y no solo una herramienta de enfrentamiento verbal y partidista.
No se trata de sobrevivir, sino de que todos los españoles puedan vivir dignamente. No es la caridad propia de épocas pasadas de nuestra historia felizmente superadas, es protección social, la misma que existe en los países desarrollados de nuestro entorno desde hace bastantes años. No es compasión, es justicia social, un requisito imprescindible para construir una sociedad más igualitaria.
El Ingreso Mínimo Vital es una medida necesaria para frenar y reducir la pobreza, especialmente la pobreza infantil. Se trata de una decisión política que comporta el reconocimiento de un nuevo derecho de ciudadanía, como ya ha sucedido otras veces en nuestra democracia con gobiernos socialistas.
Una vez más, con el PSOE en la Moncloa se impulsan los grandes avances del Estado de bienestar. Una propuesta que el propio secretario general del partido y ahora presidente del Gobierno presentó en Mérida en 2014. La creación de este ingreso figura en el programa electoral socialista y en el pacto de gobierno progresista de coalición, no es, desde luego, una medida que ha salido de la nada.
La política y las instituciones públicas son las únicas herramientas que tenemos para afrontar como sociedad los retos sociales, económicos y sanitarios que ha dejado el covid-19.
Algunos se pueden preguntar si España necesitaba aprobar una medida como el Ingreso Mínimo Vital. La respuesta solo puede ser un sí rotundo, porque los niveles de pobreza en nuestro país, sobre todo de pobreza extrema, son de los más altos de Europa. El Ingreso Mínimo Vital fomenta la inclusión social y la inserción en el mercado laboral de los más desfavorecidos. Supone un alivio para las familias que carecen de ingresos para sobrevivir, una situación que afecta a más de dos millones de niños y niñas en la actualidad, esos que forman parte de la próxima generación y que han de crecer con dignidad.
La medida beneficiará a 2,3 millones de personas y a 850.000 familias. Cuatro de cada cinco españoles en situación de vulnerabilidad recibirán una ayuda, porque ahora la mitad de ellas disponen de menos de 310 euros al mes. Nunca antes nadie se había preocupado y ocupado de ellos. En nuestra provincia beneficiará aproximadamente a 11.000 familias (100.000 en toda la Comunitat).
El coste anual es de 3.000 millones de euros, un dinero que no se va a ir por el desagüe, como podría pensarse desde la mentalidad demagoga de algunos, sino que va a contribuir a reactivar nuestra economía, en la medida que los hogares lo destinarán al consumo de necesidades básicas como alimentos, ropa o calzado. Además, la medida irá acompañada de itinerarios de inclusión social laboral. Esperanza y oportunidades, porque el espíritu de la medida no es solo dar el pez a los ciudadanos, sino que aprendan y puedan pescar.
Se puede discrepar, matizar o criticar la medida, eso forma parte del debate político. Lo que resulta intolerable y supone una falta de respeto a esos ciudadanos es mirar para otro lado y no reconocer la situación de dificultad social que atraviesan. Para la derecha y la ultraderecha, el problema no existe porque no lo quieren ver y viven en una realidad paralela.
Todas las personas merecen un respeto y la dignidad humana jamás se ha de perder, nunca, sea cual sea la situación social de cada uno. Por eso resultan repugnantes los intentos de algunos de denigrar y ridiculizar a los más vulnerables por la situación que padecen. Los que denominan este derecho social como la paguita son los que prefieren dar prioridad a las rebajas fiscales, como ha sucedido en Madrid.
Esos que dicen que es un gasto excesivo e inasumible para las arcas públicas son también los que aprobaron una amnistía fiscal para los defraudadores y una reforma fiscal regresiva, entre 2015 a 2018, que supuso una pérdida de ingresos públicos de 10.000 millones de euros. Aquellos que empobrecieron las arcas de las instituciones y deterioraron los servicios esenciales como se ha visto con el coronavirus son los que ahora niegan los derechos sociales a los que más lo necesitan.
La falta de libertad tiene muchos rostros y muchas formas y todas ellas resultan dolorosas. La pobreza es seguramente el peor de esos rostros porque supone una privación de la libertad, porque no es libre quien tiene que elegir entre pagar el alquiler de la vivienda o la comida de sus hijos e hijas.
Estoy orgullosa de pertenecer al PSOE, el partido que de nuevo ha impulsado la libertad y la justicia social en España. Por eso quiero expresar mi agradecimiento al presidente y a todo su Gobierno. Y también un agradecimiento muy especial a María Luisa Carcedo, una gran compañera y exministra socialista. Nada de esto habría sido posible sin su convicción y empeño.
Esta es la buena política. La política al servicio de la ciudadanía, la política para solucionar los problemas y no para convertirse en un problema para la gente.
*Diputada por Castellón en el Congreso y portavoz adjunta GPS Socialista
