La movilidad interurbana es una de las asignaturas pendientes para las provincias españolas. Los Estados modernos deben disponer de unas conexiones terrestres entre sus ciudades que sean eficientes pero seguras. En el caso de Castellón, llevamos arrastrando un problema en este ámbito desde hace años. Todo el que haya circulado por la N-340 habrá sufrido las consecuencias. Los continuos embotellamientos, un mantenimiento cuestionable y la presencia de hasta 44 tramos de concentración de accidentes completan el paisaje que acompaña día a día al castellonense de a pie. Todo ello sitúa a la provincia en una alta tasa de siniestralidad en carretera.

Por otra parte, la autopista AP-7, que recorre de norte a sur la Comunitad, ostenta una de las concesiones más longevas de toda la red viaria de España. Son ya 45 años de concesión y explotación. En 2019, dicho contrato expirará produciéndose su liberalización total y suspensión de peajes. La AP-7 pasará a ser una autovía gratuita. Este verano ha concluido con una tendencia al alza respecto al número de víctimas mortales en las carreteras de nuestra provincia rozando la treintena.

La situación es crítica. Sin embargo, tenemos la solución y es, como no, liberalizando la AP-7. Este hecho repercutiría de manera positiva en la distribución del tráfico en la provincia y evitaría que los atascos que se producen en muchos puntos de la N-340, mitigaran hasta desaparecer. Es más, esta circunstancia mejorará el tiempo de llegada entre ciudades con lo que tanto ciudadanos como empresas podrían ganar en eficiencia. Es por ello que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha instado al Gobierno en funciones a poner solución de inmediato a este problema. Los castellonenses no se merecen menos. H

*Diputado nacional en el Congreso de Ciudadanos por Castellón