El pasado viernes, la entrega de despachos a los nuevos jueces no contó con la habitual presencia del Rey en la presidencia del acto. Una ausencia que el Gobierno aún no ha considerado oportuno explicar y que desencadenó una sucesión de gestos y reproches absolutamente inoportuna en los críticos momentos que está viviendo el país, enfrentado a la pandemia y a las consecuencias económicas (difícilmente evitables) y políticas (de un enconamiento injustificable) que acarrea. El lamento del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes , seguido de la filtración del contenido de la llamada que recibió del Felipe VI , durísimos mensajes contra la actitud del monarca por parte de los miembros de Podemos en el Gobierno y el inmediato intento de apropiarse del papel de defensor del Rey por parte del PP acabaron haciendo necesario el mensaje contemporizador desde la Zarzuela que aclaraba que las palabras a Lesmes no iban más allá de una cortesía sin contenido institucional.

Para empezar, el mismo origen del incidente, la ausencia del Rey, habría sido evitable, si su motivo fuese evitar posibles problemas en el caso de coincidir con la publicación del fallo del Supremo sobre la inhabilitación del president Torra , buscando otra fecha por parte del CGJP o contando con la seguridad de que la noticia no iba a irrumpir en plena presencia de Felipe VI en Barcelona. Pero no parece que tales garantías fuesen posibles.

Que el Rey confiara a Lesmes su pesar por su ausencia era un mensaje que podía ser interpretado como quiso matizar la Casa Real o como hicieron el vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro Alberto Garzón , que sin esperar aclaraciones y con una premura que sí hubiese sido preferible utilizar a la hora de dar explicaciones sobre la decisión tomada, reprocharon al Monarca una actitud de falta de neutralidad.

De nuevo, otro hecho que podría haber sido evitado procurando que no se filtrasen mensajes emitidos por el jefe del Estado y, sobre todo, si el presidente del CGPJ no hubiese decidido utilizarlo políticamente, en un episodio que adquirió tintes inadecuados cuando un vocal del CGPJ instó a gritar Viva el Rey a los nuevos jueces en un contexto claramente connotado.

La instrumentalización de la figura del Rey por parte de la cúpula del poder judicial para situar en una posición aún más incómoda al Gobierno es una prueba más, si era necesaria alguna, de la necesidad de renovar los cargos prorrogados por el bloqueo interesado mantenido por el PP. Que lamentablemente parece no estar en la tesitura del acuerdo sino en la de aprovechar el incidente para convertir la monarquía en bandera exclusiva de la derecha española: ningún favor le hace a la necesaria estabilidad en este momento de las instituciones, incluidas la jefatura del Estado y el poder judicial, pretender utilizarlas de forma partidista. En este momento es necesario fortalecerlas, en lugar de minarlas. Restablecer la calma en lugar de reincidir con gestos poco hábiles, escasamente templados o directamente maliciosos como los que se han sucedido en las últimas horas.