El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, eligió Barcelona para reunir a su primer comité ejecutivo, que pretendía presentar como un resultado de la unidad del partido. Lo hizo en la capital catalana para mostrar la importancia que concede al conflicto en Cataluña en su actuación política. La primera pretensión resultó fallida y sobre el asunto catalán apenas aportó novedades, que no sean la subasta hacia la dureza para desbordar a Ciudadanos. «Al PP de Cataluña se le volverá a ver», dijo, como anunciando ya el relevo de Xavier García Albiol, al que, no obstante, colmó de elogios.

La integración que Casado pregona no es tal porque los principales apoyos y respaldos de Soraya Sáenz de Santamaría --los exministros Fátima Báñez e Íñigo de la Serna y su jefe de campaña, José Luis Ayllón-- no aceptaron entrar en la dirección, como tampoco la exvicepresidenta, que ni viajó a Barcelona. Casado, que ahora vuelve a defender la legitimidad de la lista más votada, le ha ofrecido un puesto de vocal de libre designación, que, por el momento, ella no acepta. «Tiene mi teléfono», dijo displicentemente cuando se le preguntó si iban a seguir hablando del asunto. Hablar, porque Casado no acepta ni el término «negociar» en el interior del partido.

Aunque Casado aseguró que en la nueva dirección de 36 miembros hay una decena de sorayistas, los partidarios de la exvicepresidenta solo reconocen cinco, con una única vicesecretaría de seis. Los perdedores acusan a Casado de «no haber sabido ganar», lo que no es signo de integración. Casado ha cambiado a los cuatro portavoces parlamentarios --la catalana Dolors Montserrat no lo debería tener difícil en el Congreso para hacer olvidar a Rafael Hernando-- y se ha rodeado de fieles y de partidarios de sus apoyos, Dolores de Cospedal y Alberto Núñez Feijóo.

Sobre Cataluña, Casado insistió en un endurecimiento del Código Penal, con nuevos delitos como la «sedición impropia» y la «convocatoria ilegal de referéndum» --que ya despenalizó Zapatero--, y ofreció apoyo al Gobierno, con su mayoría absoluta en el Senado, para aplicar de nuevo el artículo 155 si el Gobierno catalán viola la legalidad. Este respaldo lo presentó como una ayuda «para que Pedro Sánchez pueda gobernar sin ceder al chantaje de los separatistas», pero si la oferta fuera en serio lo primero que tendría que hacer el PP es aprobar el techo de gasto hoy en el Congreso, lo que es seguro que no hará.